MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso con la que proponen destinar una inversión pública del 3% del PIB en el área de I+D+i “a la mayor brevedad”, para lo que sugiere potenciar las ayudas directas y, especialmente, los incentivos fiscales.
Se trata de una proposición no de ley con la que los de Santiago Abascal pretenden el desarrollo en España de un entorno favorable para la innovación empresarial. En este sentido, instan al Gobierno a acometer ese volumen de inversión, a evitar duplicidades administrativas y a desarrollar un marco jurídico adecuado.
Para inspirarse en su propuesta, la formación ha tomado como ejemplo los casos de desarrollo económico acontecidos en Finlandia, Corea del Sur, Japón o Singapur, países que han destacado por transformar su modelo productivo mediante la incorporación de la tecnología y la innovación de su estructura.
UNA NUEVA OFICINA ESTRATÉGICA DE INTERÉS NACIONAL
Además de instar a una mayor inversión en innovación, Vox también quiere unificar los organismos e instrumentos del Estado en esta materia e impulsar la creación de una Oficina Estratégica para el interés nacional encargada de coordinar las iniciativas de apoyo a la innovación entre las diversas administraciones.
También plantean implementar procedimientos estandarizados y compatibles, incluyendo requisitos de acceso y criterios de selección armonizadas. Esto, dice la propuesta recogida por Europa Press, se hace con el objeto de reducir el tiempo y los recursos dedicados por las empresas a labores administrativas.
Asimismo, la formación pide una ventanilla única de acceso a la financiación pública en materia de I+D+i y un mecanismo de acreditación de la I+D+i rápido y semitautomático para empresas cuya inversión en este campo no supere “un cierto límite”, del que no se da detalle. Para el resto de empresas, Vox quiere que el procedimiento de acreditación se simplifique, eliminando trabas burocráticas y requisitos administrativos.
Sumado a esto, el grupo parlamentario plantea ampliar los incentivos a la contratación de personal investigador en el sector privado, mejorando cuantías y duración; y reformar la estructura de los incentivos para superar el techo establecido actualmente en deducciones en el impuesto de sociedades, permitiendo la complementariedad entre diferentes tipos de incentivos.