BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este martes a los Gobiernos de Hungría y Polonia de que sus planes de recuperación no serán aprobados sin garantías de que ambos países van a respetar el Estado de derecho, en especial la independencia judicial y la lucha contra la corrupción.
En una rueda de prensa en Estonia en el marco de su visita para anunciar que el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde al plan de recuperación del país báltico, Von der Leyen ha enfatizado que los recursos del plan para relanzar las economías europeas tras la crisis provocada por la pandemia también está vinculado a la aplicación de reformas, además de a la realización de inversiones.
“Hay recomendaciones específicas para otros Estados miembro sobre el Estado de derecho. Esperamos que esos Estados miembros, por ejemplo sobre independencia del poder judicial o en la lucha contra la corrupción, cumplan los requisitos necesarios en su plan”, ha explicado la alemana, acompañada por la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.
“Es un perrequisito para aprobar el plan”, ha remarcado la jefa del Ejecutivo comunitario, para después señalar también que una vez aprobados los planes, el desembolso de los distintos tramos está vinculado al cumplimiento de una serie de objetivos y metas para tener la “garantía” de que se aplican las reformas prometidas.
Bruselas ha superado en ambos casos el plazo de dos meses establecido para el examen de los planes y está en contacto tanto con Budapest y Varsovia, que tienen asignados 7.200 millones y 23.900 millones, respectivamente sólo en transferencias directas, a las que habría que sumar los préstamos que ambos países también tienen la opción de solicitar.
Además de este proceso para aprobar los planes de recuperación de Hungría y Polonia, la Comisión Europea tiene la intención de enviar en las próximas semanas un apercibimiento a ambas capitales que podría finalizar en la denegación de los fondos y que está fundamentado en el mecanismo para proteger el presupuesto comunitario de ataques contra el Estado de derecho.