MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la ‘joint venture’ de Banco Santander y BNP Paribas, cerró 2023 con unas pérdidas de 76,5 millones de euros, lo que supone elevar en un 39% los ‘números rojos’ que había registrado el año anterior.
Aunque la entidad de crédito rebajó el impacto por deterioro de valor de activos, el margen de intereses experimentó un abultado descenso, según se desprende de las cuentas publicadas en los registros del Banco de España y consultadas por Europa Press.
En concreto, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se desplomaron un 66,1%, hasta los 42,4 millones de euros. Esto se debe a que aunque los ingresos por intereses brutos aumentaron un 148%, hasta 553,4 millones, los gastos por intereses avanzaron casi un 170%, hasta los 510,9 millones.
De su lado, las comisiones netas alcanzaron los 2,6 millones de euros, un 45,8% menos. Sumando el resto de ingresos extraordinarios y financieros, el margen bruto de UCI fue de 69,9 millones de euros en 2023, un 49,6% menos.
Los gastos de personal de la entidad de crédito fueron de 39,8 millones de euros en el conjunto del año pasado, un 16,3% más, al tiempo que los costes de administración se contrajeron un 4,4%, hasta los 48,7 millones de euros.
El impacto negativo de las amortizaciones fue de 4,8 millones de euros, un 19,9% menos, al tiempo que el impacto por deterioro de valor de activos se situó en 69 millones de euros, un 25,4% menos.
Respecto al balance, la cartera de préstamos a la clientela (fundamentalmente hipotecas, que es su negocio) fue de 9.342 millones de euros, un 7% menos que al cierre del año anterior. De su lado, el efectivo que mantenía UCI se contrajo un 25,1%, hasta 203,7 millones de euros.
Respecto al pasivo, UCI mantenía depósitos de entidades de crédito por valor de 7242 millones de euros, un 2,2% menos. También redujo el valor de su deuda emitida en un 17,8%, hasta los 2.405 millones de euros.
Santander y BNP Paribas tuvieron que inyectar 88 millones de euros en UCI a través de una ampliación de capital en enero con el objetivo de reforzar la solvencia de la entidad.
En julio, la entidad de crédito nombró consejero delegado a Pedro Megre, sustituyendo en el cargo a Roberto Colomer. Poco después de este cambio, se conoció que el Banco de España había decidido multar con 880.000 euros a la firma y a sus consejeros por una infracción “muy grave”.
La infracción consistió en presentar “deficiencias” en su estructura organizativa y en sus mecanismos de control interno, además de no gestionar “adecuadamente” el riesgo de crédito al que la entidad estaba expuesta, lo que “puso en peligro” la solvencia de la entidad.