MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos ha planteado en el Congreso priorizar en las ayudas de la Administración a aquellas empresas que cuenten con la participación de sus trabajadores, con el fin de fomentar este tipo de empresas y un modelo productivo diferente, el de la Economía Social y Solidaria.
Así lo han planteado sus diputados Marisa Saavedra y Roberto Uriarte durante las jornadas dedicadas a este tipo de empresas celebradas este viernes en la Cámara Baja, y en la que han avanzado diferentes reformas para mejorar su regulación y facilitar este tipo de emprendimiento.
En este sentido, han llamado a apostar “por empresas en las que tengan voz y voto los trabajadores y trabajadoras, que estén comunitariamente implicados y que refuercen nuestra soberanía industrial, alimentaria y energética”.
UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL
Saavedra ha recordado que la propia Constitución llama a promover en su artículo 129 la participación de los trabajadores en las empresas, el fomento de las cooperativas y facilitar el acceso a la propiedad de la compañía por parte de los empleados, un mandato también recogido en distintas resoluciones de Naciones Unidas y recomendaciones de las instituciones europeas.
Señalando que las empresas de la economía social comprende a unas 42.000 empresas un 10% del PIB, ha lamentado que la normativa actual, “lejos de privilegiar” este modelo, plantea dificultades pese a que por sus propias características fomentan unas relaciones más saludables en la economía, con mejor empleo y respuestas alternativas al despido ante las crisis.
“Frente a la economía de casino y del pelotazo, que genera especulación pero no empleo digno y de calidad ni redistribuye la riqueza, es urgente impulsar la economía social y solidaria”, ha reivindicado, reclamando potenciar este modelo frente al de multinacionales que, aun accediendo a ayudas, no tienen reparo en cerrar plantas viables en busca de mayores beneficios.
RELACIONES “MÁS RESPETUOSAS Y DEMOCRÁTICAS” EN LAS EMPRESAS
Por su parte, su compañero Roberto Uriarte ha recordado que la defensa constitucional de este tipo de empresas tiene origen en la concepción de los Estados “sociales y democráticos”, que “entienden que el Estado no tiene que ser neutral” en la actividad económica.
Así, ha justificado la necesidad de “priorizar a quien tenga iniciativa económica de forma más conveniente para el interés general y el bien común”, reorientando así la economía con el fin de fomentar “relaciones más respetuosas y democráticas” en las empresas.