SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)
La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha lamentado que la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero es un proyecto “desenfocado” que pretende corregir un error que el sector asegurador no ha cometido, cuando en su opinión sería más adecuado reforzar los medios de las instancias actuales para evitar los retrasos en la gestión de reclamaciones.
Durante su intervención en el en el XXXIX Seminario de APIE ‘Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación’ este jueves, González de Frutos ha explicado que la patronal aseguradora defiende la supervisión “independiente y especializada” de seguros, banca y mercados, también en el caso del cliente de seguros.
Por ello, considera que la creación de una única autoridad que abarque todos los conflictos interpretativos de la actividad financiera corre el peligro de carecer de la especialización necesaria para juzgar las relaciones aseguradoras.
Además, ha reprochado que la nueva autoridad pretende corregir un error que el sector asegurador no ha comido. En este sentido, ha destacado que el seguro asume una carga de conflictos inferior a 100.000 asuntos, que además gestiona “en tiempo y forma”. “Si en la gestión de conflictos de los clientes hay cuellos de botella, no lo hemos generado nosotros”, ha apostillado.
Según la presidenta de Unespa, la única razón para que la existencia de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero es “la deficiente actuación de las instancias públicas de gestión de reclamaciones”, por lo que ve más adecuado reforzar los medios de las instancias actuales para evitar los retrasos que crear una nueva autoridad.
González de Frutos ha criticado algunos elementos que contempla el proyecto, como que las decisiones de la autoridad sean vinculantes para las entidades pero no para el cliente. “Eso es confundir la protección del cliente con la asunción del principio de que suele tener la razón”, ha advertido.
La presidenta de Unespa también ha cargado contra la creación de una tasa de 250 euros para la empresa por reclamación tramitada, sin descuentos o matizaciones, cuando también con frecuencia el cliente reclama por error y es el asegurador quien tiene la razón.
“En suma, creemos que se trata de un proyecto desenfocado que, si no se planea bien, no solo no va a cumplir con el objetivo mayor de poner a disposición del cliente financiero una instancia fiable de apelación, sino que podría conseguir exactamente lo contrario”, ha avisado.