La Corte Suprema de Israel ordena al Gobierno que comience a reclutar a hombres ultraortodoxos para el servicio militar. El fallo, histórico, podría provocar una crisis en la coalición de gobierno; tanto el partido Judaísmo de la Torá como Shas son ultrarreligiosos, que se unieron al Likud en 2022 para, entre otras cosas, evitar que sus haredim (estudiosos de la Torá) fueran reclutados. El alto tribunal considera que el sistema actual de reclutamiento creaba “una discriminación severa entre aquellos a quienes se les exige servir y aquellos cuyos procedimientos de reclutamiento no se siguen”. Además, el tribunal exige que el Gobierno deje de financiar seminarios religiosos cuyos estudiantes también evitan el reclutamiento. Actualmente, hay 63.000 jóvenes haredíes en edad de reclutamiento.
El asunto ha sido polémico desde hace décadas, pero mucho más desde el inicio de la guerra contra Hamás, el 7 de octubre de 2023. Y, desde la formación del gobierno de coalición del Likud de Netanyahu, parte de sus esfuerzos se han dedicado a evitar, precisamente, que la Justicia israelí pudiese obligar al reclutamiento a los jóvenes ultraortodoxos, llegando incluso a intentar debilitar la independencia judicial.
Las primeras reacciones de los partidos de coalición no se han hecho esperar: Meir Porush, de Judaísmo Unido de la Torá, ha insinuado que el fallo judicial desembocará en la división del Estado, ya que “no hay poder en el mundo que pueda evitar que un alma se abstenga de estudiar la Torá”.
En marzo, el tribunal ya ordenó que se recortasen los fondos del seminario si sus estudiantes no sirven en el ejército, lo que suponía la pérdida de parte o hasta el 50% de su financiación de cientos de academias religiosas. La decisión provocó airadas críticas de los partidos religiosos, que ya amenazaron con abandonar la coalición gobernante. Los ultraortodoxos suponen cerca del 13% de la población israelí, de un total de 10 millones.