MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
UGT ha advertido de que Renfe pretende renunciar a la posibilidad de continuar operando los trenes de servicio público como los Cercanías o la Media Distancia, una vez se liberalice completamente esta red en 2032 y comience a entrar la competencia privada.
El sindicato ha manifestado estos miedos tras conocer el nuevo plan estratégico de la compañía, aprobado esta semana por el consejo de administración de la empresa y al que se ha opuesto, al entender que “tendría perniciosas consecuencias para el futuro del empleo, la calidad del servicio y la viabilidad de la empresa pública”.
Tal y como marca la normativa europea, tras liberalizarse el mercado ferroviario de alta velocidad y que ha supuesto la entrada de Iryo y Ouigo en competencia con Renfe, un 3% de los servicios públicos de tren comenzará a liberalizarse en 2026 e irá incrementándose este porcentaje hasta completarse en 2032.
El nuevo plan estratégico de Renfe contiene premisas para preparar esta liberalización. Sin embargo, UGT considera que, tanto el organigrama como los pasos diseñados, no aseguran una apuesta clara de cara a preparar las licitaciones y ganar los concursos.
En concreto, ha señalado que no define el futuro de los contratos de mantenimiento de los trenes de servicio público ni identifica un mapa de talleres para abordar el mantenimiento de los futuros trenes públicos de alta capacidad, lo que le ha hecho sospechar al sindicato de esa intención de renunciar a operar estos servicios.
“De confirmarse nuestras sospechas, estaríamos asistiendo a la renuncia de mantener a la compañía pública ferroviaria como referente para ofrecer un servicio público y de calidad en un ámbito tan importante como es la movilidad de la ciudadanía y el transporte de mercancías y por un medio que se ha revelado como el más sostenible y limpio para el medioambiente”, ha añadido UGT.
Asimismo, el sindicato ha criticado que el proceso que la compañía está siguiendo para captar un socio para su negocio de mercancías no sea “el más adecuado” para garantizar la viabilidad de la empresa pública de transportes de mercancías por ferrocarril, al mismo tiempo que “no asegura la recuperación del negocio y, en consecuencia, tampoco protege el empleo”.