Reclaman un reparto real de la representatividad de las organizaciones agrarias
VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se movilizará en todas las provincias de la Comunidad la última semana de febrero para reclamar una cadena alimentaria “justa”, una Política Agrícola Común (PAC) “para profesionales” y que haya “democracia en el campo” con un reparto de la representatividad nacional acorde con los votos de los agricultores y ganaderos obtenidos.
Así lo han explicado en rueda de prensa los coordinadores autonómico y de Valladolid de UCCL, Jesús Manuel González Palacín e Ignacio Arias, quienes han concretado que habrá una movilización en cada provincia e inicialmente está previsto que se convoquen entre el 21 y el 25 del mes que viene.
Las protestas estarán convocadas por UCCL, ya que “lamentablemente” ha sido “imposible” la unidad de acción, ha explicado Palacín, quien se ha mostrado abierto a poder llegar a un consenso. En cuanto a la fecha elegida, una vez pasada las elecciones autonómicas, UCCL ha explicado que en periodo electoral “no procede”, aunque sí presentarán sus propuestas a los diferentes partidos, pero consideran que su “máximo patrimonio” es la independencia política, algo que guardan como “oro en paño”.
En cuanto al contexto, en el que se produce la convocatoria, Palacín ha incidido en que 2021 ha sido un año “muy marcado” por las negociaciones, sobre todo de la PAC y su plan estratégico y por primera vez había una oportunidad para definir una Política Agrícola acorde a las necesidades de España, pero “lamentablemente” no se ha conseguido el objetivo de acercar la PAC a los agricultores y ganaderos “a título principal”.
Por otro lado, ha asegurado que desde verano se ha producido un aumento “desmesurado” de los costes producción, de manera que ahora mismo se complican “mucho” las cosas en “muchísimas” explotaciones tras incrementos del precio del 75 por ciento en el caso del gasóleo, del 45 en herbicidas, un 108 por ciento del nitrato, un 20 de la semilla o un 330 por ciento de la electricidad.
Esto ha supuesto que aumenten los costes en los cultivos, por ejemplo en el caso de la cebada de secano se ha pasado de 490 a 734 euros, un 49 por ciento más, en el regadío un 52 por ciento, o en el trigo de un 45 y un 51 por ciento (secano y regadío, respectivamente).
Lo mismo ha ocurrido con un cultivo “muy importante” en Castilla y León como es la patata, ha agregado Palacín, quien ha concretado que se ha pasado de tener 6.000 euros de costes a 7.500 este año, todo ello después de un año en que muchas veces no se cubrieron las ventas o se hicieron por debajo de costes, por lo que considera que se va a desincentivar mucho este cultivo.
Todo ello hace que se vean “obligados” a movilizarse, ha asegurado el coordinador autonómico de UCCL, quien ha afirmado que están “convencidos” de que se pueden hacer “muchas cosas”.
ACTUACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA
Así, ha marcado los ejes en los que se puede actuar, el primero de ellos el relacionado con la cadena alimentaria, en la que considera que las administraciones regionales y nacional tienen que evaluar, editar y publicar los costes de producción como referencia para que Ley de la Cadena Alimentaria recién aprobada tenga “validez”.
Ahora, ha explicado, la responsabilidad se “carga” a los productores y es “imposible” negociar con la industria, pero si se tuvieran unos costes “oficiales” se podrían hacer valer a la hora de firmar los contratos.
También creen que se tiene que definir la “posición de dominio”, dado que hay cadenas de distribución que tienen una cuota de mercado “enorme” e “imponen precios de arriba a abajo” y es una “asignatura pendiente” su definición y, cuando se haga, ha pedido “vigilancia” para evitar abusos.
Por otro lado, ante los costes de producción “disparados”, ha reclamado una fiscalidad “acorde”, con un incremento de los gastos de difícil justificación en estimación directa y reducción de los rendimientos en los módulos. “Es simplemente ajustar la fiscalidad a la situación actual”, ha aseverado.
También ha recordado otras dos reivindicaciones “históricas” como la doble tarificación eléctrica y el gasóleo profesional, ya que el agrícola sigue teniendo un IVA “excesivamente alto” y es una cuestión de “voluntad política” su reducción.
Asimismo, ha incidido en que no dejan de lado la petición de una verdadera “democracia en el campo” porque ahora sólo hay elecciones en cuatro comunidades autónomas, pero a nivel nacional la representación está “blindada” desde hace 14 años y tres organizaciones se han repartido la representatividad, de forma que Unión de Uniones, a la que pertenece UCCL tiene un 33 por ciento del censo, un 32 por ciento de representatividad, con votos válidos emitidos, pero no el mismo “nivel y trato” que las otras tres organizaciones.
Por ello, ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que “cumpla su palabra” y el compromiso de una ley para evaluar y medir objetivamente la representatividad de las organizaciones agrarias, algo que no se ha hecho después de dos años y les engañan “mes tras mes”.
En cuanto a la PAC, ha asegurado que insistirán para que sea para los profesionales y cree que se puede modificar el plan estratégico, algo complicado pero que se puede hacer y que es una cuestión del Estado, que podría enviar otro nuevo para el próximo año y cambiar la definición de “agricultor activo”, que realmente es el profesional, y “simplemente” seguir la estela de Francia o Alemania, que reparten más dinero entre menos personas, mientras que en España lo percibe “cualquiera que solicite ayudas”, algo que “no puede ser”, sobre todo dada la coyuntura actual, y ha advertido del posible cierre de muchas explotaciones.
COSTE DE LA LUZ Y “RESPETO”
Por su parte, Ignacio Arias ha insistido en la reivindicación de buscar una solución para la tarifa eléctrica, algo que piden y que se les ha “concedido” tres veces y aprobando una ley para pagar el término de potencia sólo cuando usan la electricidad, dado que en sólo se usa la mitad del año para regadío.
“Se mienten a sí mismos”, ha señalado Arias, quien cree que debería darles “vergüenza” que aprueben modificar los mínimos pero luego no se llegue a hacer.
Por otra parte, el coordinador de UCCL en Valladolid ha apuntado que les “saca de quicio” que les “pierdan el respeto” y cualquiera hable del sector, aunque sea un “indocumentado” y junte todo y no haya consecuencias. “Si a un ministro no le gusta una cosa tiene el BOE para cambiarla y no un periódico inglés”, ha añadido.
Tras aclarar que los agricultores y ganaderos cumplen la normativa, ha criticado que se les utilice como “moneda electoral”, cuando son un sector muy importante y ha censurado que se vayan ahora a sacar “fotos en granjas en mocasines”, lo que supone una falta de respeto para un sector del que vive mucha gente.
Ignacio Arias ha agregado que la situación de la denominada ‘España Vaciada’ es consecuencia de la actuación de 35 años y ahora se piensa que se puede solucionar en un momento “vaciando un poco más”.
Por ello, ha reclamado “respeto” porque es uno de los motivos por los que la gente está “harta”.