Díaz da un plazo de seis meses para su transformación
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Empleo, que contempla la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, para mejorar su gestión y funcionamiento, sin cargo económico para el erario público.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo que habrá un plazo de seis meses para ejecutar esa transformación y ha asegurado que se va a cumplir.
“Si hay un servicio publico conocido en nuestro país, es el SEPE, y es una de las grandes demandas de los ciudadanos de nuestro país”, ha dicho Díaz, y ha añadido que la transformación incluirá digitalización, modernización e incorporación de nuevas metodologías.
La nueva Agencia Estatal de Empleo contará con “dos grandes unidades”, una destinada a analizar los datos y otra unidad descentralizada de datos, que contara con big data e inteligencia artificial.
Esta Ley de Empleo pretende ser “una norma marco de las políticas públicas de empleo” y se regirá por los principios de no discriminación en el acceso y consolidación del empleo, transparencia y eficiencia en el diseño y ejecución, según ha informado el Ministerio de Trabajo.
“Es una norma absolutamente transversal, que tiene una mirada europea del empleo, desde la concepción de nuestro país, para adecuarnos y homologarnos a los niveles de Europa y mejorar el concepto de empleabilidad, nunca acertado en nuestro país”, ha comentado la ministra.
Esta nueva normativa “cambia la mirada”, de forma que no se dirigirá únicamente a los demandantes de empleo, sino también a trabajadores en activo que quieran mejorar su posición en las empresas y favorecer su vida laboral.
De esta forma, se ampliarán los colectivos de atención prioritaria, que incluirán a personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas, y trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.
La cartera que dirige Yolanda Díaz pretende dar “una dimensión local” a las políticas activas de empleo, de manera que la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales podrá formular acuerdos y recomendaciones específicas para atender las necesidades específicas en cada territorio.
Además, aumenta el plazo para que las comunidades autónomas ejecuten el gasto en Políticas Activas de Empleo, desde ahora hasta el 31 de marzo. “Esto es de gran importancia en materia de ejecución pública”, ha agregado la ministra.
ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO
La nueva Ley de Empleo impulsara un acompañamiento personalizado a través de una Cartera Común de Servicios. Para ello, se elaborará un perfil individualizado de la persona, con un expediente laboral personalizado único, atención continuada y un tutor que guiará el itinerario personalizado.
Los usuarios de esta Cartera Común de Servicios contarán también con asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. “Los acompañamos con con auditorias de viabilidad”, ha apuntado Díaz.
Además, el acceso a estos servicios podrá ser tanto presencial como telemático, para garantizar la igualdad de condiciones en todos los territorios del país.
Desde la parte del empleador, las empresas tendrán un catálogo de servicios garantizados para gestionar las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo. Asimismo, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red EURES.
Por otro lado, la nueva normativa también pretende planificar y asegurar el acceso a la Formación Profesional para el Empleo, como apuntan desde Trabajo.
Todas estas políticas se someterán a un nuevo procedimiento de evaluación que medirá la empleabilidad, la intermediación, “que medirá la cualidad y el resultado final de la intermediación”, y la cobertura, relativa al “nivel de protección social que tiene cada uno de los trabajadores”. Díaz ha reconocido que esta evaluación es “de enorme complejidad”, pero se ha hecho de manera científica.
La norma aprobada este martes en el Consejo de Ministros también prevé la habilitación de una red de información común para todo el sistema de servicios de empleo, integrada con la red europea. Se crea, por tanto, un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo.