Advierten que habrá cadenas que den resultado negativo debido, exclusivamente, al coste de la energía
VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha pedido este viernes al Gobierno de la nación que reclasifique los distintos tipos de IVA que se aplican a la alimentación para bajarlos e, incluso, eliminarlos de forma temporal para alguno de los productos a los que se aplica en la actualidad el 4%.
“El IVA de la alimentación es un impuesto inflacionista. Aunque se supone que es neutro, no lo es”, ha aclarado García Magarzo que ha reclamado una “reclasificación de los tipos” de IVA para que los del 21% pasen al 10% y los del 10% al 4% para algunos productos, por ejemplo, a lo que ha añadido que se elimine el tipo del 4% para otros “al menos durante algunos meses”.
“Se puede hacer”, ha aseverado el director general de Asedas quien, tras reconocer que el IVA está sometido a las normas europeas, ha recordado que esta medida se ha aplicado ya en otros países.
Asimismo, ha pedido al Gobierno de la nación que evite la entrada en vigor de nuevos impuestos, con una referencia expresa al que se aplicará a partir de enero de 2023 a los plásticos de un sólo uso que, según ha advertido, afectará a los productos de alimentación envasados, lo que “sin duda” se trasladará al consumidor, ha augurado.
El dirigente de Asedas ha aclarado que el sector comparte la finalidad medioambiental del impuesto a los plásticos de un sólo uso pero ha apelado a la actual coyuntura inflacionista para insistir al Gobierno central en la necesidad de que aplace la puesta en marcha de este gravamen “al menos unos meses”.
Estas son las principales peticiones que ha trasladado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados tras la reunión este viernes en Valladolid de las organizaciones territoriales de Asedas en la que “los tenderos”, como se han definido, han reivindicado su “esencialidad” en la sociedad, como se evidenció, han rememorado, durante la pandemia del coronavirus y en recientes episodios, como la borrasca Filomena o la erupción del volcán de Cumbre Vieja en Las Palmas.
“Solos no podemos hacer las cosas”, ha afirmado en concreto el presidente de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), José Daniel Posadas, que, al igual que el director general de Asedas, ha reclamado “con insistencia” a las administraciones que este sector pase a ser considerado como esencial “de forma efectiva”, tras haberlo sido “de manera coloquial”, para lo que han reclamado un marco jurídico que ampare esa condición ante posibles futuros momentos de dificultad en los que seguir ejerciendo su labor en condiciones de “calidad, servicio y precio”.
“Esa esencialidad se ha perdido pronto”, ha lamentado por su parte Ignacio García que ha lamentado a modo de ejemplo que el Gobierno no incluyese a los trabajadores de los supermercados –más de 250.000 ha informado– entre los colectivos prioritarios para recibir la vacuna frente al coronavirus.
En la reunión de las organizaciones territoriales de Asedas han analizado también el “momento histórico” que se vive en España por la “importante subida” del IPC en el que la alimentación ha superado al general “en niveles muy preocupantes” por “causas bien conocidas y objetivas que, desgraciadamente, se escapan al control de los empresarios y de toda la cadena alimentaria”, ha aclarado García.
“Es hoy la principal preocupación de las empresas de supermercados y de distribución”, ha asegurado el director general de Asedas que ha reivindicado la “enorme estabilidad” que se había dado hasta el pasado año a lo que ha añadido los “meses de contención de márgenes” que, según ha asegurado, han “retrasado y atenuado la subida”.
El director general de Asedas ha hecho hincapié en la necesidad de explicar a la sociedad “de forma intensa” que la subida del IPC en la alimentación se debe a “circunstancias ajenas al control de la cadena alimentaria y de la distribución” ya que están “fuera de control y fuera de las fronteras”.
“Estamos empeñados en que la sociedad lo sepa y lo perciba”, ha aseverado García Magarzo que ha puesto especial énfasis en el coste de la energía para un sector, como el de los supermercados, que, según ha explicado, está en el medio de los sectores electrointensivos, como la industria pesada con un nivel de protección, y del consumidor doméstico con una tarifa regulada.
RECLAMA UN “ESFUERZO REGULATORIO”
El director general de Asedas ha pedido un “esfuerzo regulatorio” y “medidas” para que la cadena de valor y la distribución dispongan “de la manera más rápida posible” de un coste de la energía que sea sostenible –“en este momento no lo es”, ha lamentado– ante el riesgo de que el triplicado coste energético se vaya a a comer los beneficios. “Habrá cadenas que den resultado negativo debido, exclusivamente, al coste de la energía”, ha pronosticado.
Otra de las necesidades “imperiosas” de las que se ha hecho eco Asedas es la del transporte para el que pide “un aseguramiento para un transporte eficaz a un coste razonable para la cadena y para la distribución” y ha lamentado pasadas amenazas y paros “que han hecho mucho daño y han contribuido al aumento de los costes”.
Finalmente, ha pedido ayuda para el acceso a las materias primas en un país como España, que es “un gran país productor” pero que es deficitario en cereales para uso industrial y ganadería por el peso en el mercado de Ucrania y de Rusia, o en determinadas grasas, como el aceite de girasol.
Por otro lado, los representantes del sector de supermercados han destacado que la densidad del comercio de alimentación enCastilla y León supera la media nacional, “a pesar de la alta dispersión de la población”, y han reivindicado su labor para facilitar la vertebración territorial y para fijar población.
Según ha informado Posadas, el sector cuenta en la actualidad con 1.050 tiendas en Castilla y León lo que representa tres de cada cuatro metros cuadrados de superficie comercial en Castilla y León caracterizado por un nivel de concentración de operadores “muy bajita” y un “alto nivel de competencia que favorece al cliente con precios muy estables”.
A esto ha añadido que generan 14.000 puestos de trabajo directos, “mano de obra cualificada y altamente feminizada de entre el 70% y el 75%”, ha precisado, y un nivel de negocio de 2.750 millones de euros con una balanza comercial positiva en un 11% para la Comunidad donde compra productos a proveedores por encima de los 3.000 millones de euros.