MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Subir las pensiones con el IPC costará en 2022 unos 3.748 millones de euros, diez veces más que si aplicara el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limita la alza de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit del sistema como la actual.
Así lo refleja un informe del Instituto Santalucía, órgano de reflexión y debate del Grupo Santalucía, que parte para realizar estos cálculos de un IPC del 2,51%.
La diferencia entre aplicar a la revalorización de las pensiones el actual sistema (IRP) y hacerlo con un IPC del 2,51% sería de 3.119 millones de euros en 2021 y aumentaría en 2022 hasta los 3.375 millones de euros al calcularse la revalorización sobre una mayor pensión media y sobre un mayor número de pensiones, según este informe.
De este modo, concluye el Instituto, el coste para 2022 se estima en 3.748 millones de euros si se revalorizaran las pensiones con el IPC, frente a los 373 millones de euros que costaría subir las pensiones con el IRP, es decir, un 0,25% como máximo.
Los autores del informe han tomado como base el nuevo método para revalorizar las pensiones que aparece en el proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones que se encuentra tramitándose en el Congreso y que supone la derogación del IRP, mecanismo que ligaba la revalorización de las pensiones a la salud financiera del sistema.
En el estudio se parte de que a 31 de diciembre de 2021 habrá 9.316.000 pensiones, sin contar las altas de ese año, por un importe medio de 1.033,73 euros.
Sobre estos datos se ha comparado el coste de la revalorización de las pensiones en los dos sistemas y, para ello, el Instituto calcula el incremento aplicando el IRP del 0,25% y el 2,51% del IPC. “Éste último es un valor razonable, aunque dada la volatilidad de la inflación es difícil de predecir”, explican los expertos de la entidad.
Según aseguran los autores de este informe, “es fácilmente entendible que se quiera mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no se debería haber hecho sin encontrar una fuente de financiación estable para los grandes desembolsos que se espera que suponga la aprobación de la revalorización con el IPC”.
En su opinión, lo “más lógico” debería ser no cargar todo el coste sobre las generaciones futuras, porque pueden tener que enfrentarse a problemas como el recorte de la tasa de sustitución de su pensión futura, un tipo impositivo más elevado que el actual y una mayor deuda, lo que puede suponer un menor crecimiento de la economía española.