MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, está “prácticamente convencido” de que las negociaciones sobre la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones se extenderán a 2023, ya que “no hay tiempo material” para cerrar un tema tan “complejo” antes de fin de año.
“La negociación ha ido muy lenta en este último mes y tiene muchas materias todavía por resolver, por lo que yo creo que no es realista pensar que se van a resolver en esta semana”, ha dicho Sordo este lunes, en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press.
El líder de CCOO ha señalado que en estas negociaciones se abordan “cuestiones de mucho interés” para los sindicatos, entre las que ha citado las mejoras de ingresos para la Seguridad Social, el destope de las bases máximas de cotización, la mejora de las pensiones mínimas o el alargamiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Sin embargo, Sordo considera que estas medidas son “muy compartidas” dentro de la mesa de diálogo, salvo una que “distorsiona la negociación” y es la relativa al periodo de cálculo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso a los agentes sociales amplia progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
Sordo ha vuelto a recordar este lunes que los sindicatos se oponen a este medida, entre otras razones, porque “no hay consenso político” y tampoco aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
El secretario general de CCOO ha restado importancia al retraso de las conversaciones y ha defendido que una reforma “con efectos a décadas vista” requiere “de negociación y de acuerdo político”. Además, tampoco cree que la demora vaya a afectar al desembolso de los fondos europeos.
LA SEGURIDAD SOCIAL VE PROBABLE EXTENDER LAS NEGOCIACIONES A 2023
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no descarta que la segunda pata de la reforma de pensiones, que aborda el destope de las bases máximas y la pensión máxima y la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares, supere el plazo inicial que se había comunicado a Bruselas, 31 de diciembre de este año, con el objetivo de que su aprobación se base en un acuerdo con los agentes sociales.
Así lo trasladaron fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá a Europa Press el pasado viernes, aunque insisten en que aún no renuncian a tener esta reforma en plazo y que, si éste se supera, no existirían problemas con la Comisión Europea, como no los hubo cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó unas semanas más tarde de lo establecido en el Plan de Recuperación.
Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.
Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.
A los sindicatos no les gustó nada esta propuesta, no sólo porque acaba de finalizar la ampliación anterior, que situó el periodo de cálculo en 25 años, sino porque no cuenta con respaldo político suficiente, ni dentro del Parlamento, ni dentro del propio Ejecutivo de coalición.
Seguridad Social, por su parte, sostiene que no se ha sacado esta propuesta “de la manga”, pues ampliar los años que se toman para calcular la pensión es un compromiso adquirido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas.
En relación a la subida de las bases máximas de cotización, otro objetivo de esta segunda reforma, el documento inicial del Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima “hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%”.
Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).
La Seguridad Social también ha planteado en la mesa de diálogo social mejoras para cubrir las lagunas de cotización a efectos del cobro de la pensión y para reducir la brecha de género existente en la cuantía de las pensiones.
Inicialmente el Ministerio planteó que, cuando la brecha de género en pensiones fuera igual o superior al 5%, en los meses en los que no existiera obligación de cotizar, se integraran esas lagunas desde la mensualidad 49 a la 72 con el 60% de la base mínima de cotización de entre todas las existentes en cada momento.
Posteriormente, el Gobierno ha propuesto reforzar la cobertura de lagunas de cotización, elevando hasta el 80% el porcentaje de la base mínima entre los meses 49 al 72 para mujeres de entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.
Al mismo tiempo, el Ministerio ha planteado también una mejora de la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos, y un crecimiento adicional a la revalorización anual del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025.
Este complemento, vigente desde febrero del año pasado, consiste actualmente en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.
Las propuestas del Ministerio contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.