MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha insistido en la necesidad de cumplir con el plan de inversiones comprometido para esta década y con las mejoras necesarias en la infraestructura de movilidad española, por un total de 178.000 millones de euros, con el objetivo de modernizar el país.
En un foro de ‘El Economista’ dedicado a las infraestructuras, Núñez ha estimado que las inversiones necesarias en Agua ascienden a 66.000 millones de euros y las de Movilidad a 112.000 millones de euros, todo ello previsto para antes del año 2030.
“Un 69% de esta inversión ya está planificada y el 31% restante no lo está, pero que es igualmente prioritaria y necesaria para garantizar la modernización y adaptación de nuestro enorme stock de capital público a los nuevos requisitos normativos”, ha defendido.
Núñez también ha aprovechado su intervención para destacar la necesidad de modernizar y mejorar la práctica y regulación de la contratación pública, con tres propuestas que pasan por revertir la ley de desindexacion, impulsar las concesiones y el desarrollo de modelos de contratación colaborativa.
“En la revisión de precios, debemos restituir la obligatoriedad persistente hasta 2015 de incorporar fórmulas de revisión en los pliegos de los contratos de obras, al igual que debe suprimirse el límite del 20% de la revisión excepcional de precios y referirlo, además, al precio del contrato incluyendo sus modificaciones”, ha explicado.
Respecto a las concesiones, ha pedido una modificación de la forma actual de cálculo de la tasa de descuento para un inversor privado en un proyecto de concesión, disponiendo para ello de varias alternativas recogidas en el informe especial de supervisión publicado en 2023 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Por último, ha defendido que la implementación de modelos colaborativos de coste objetivo en la práctica de la contratación pública española contribuirá a mejorar la eficiencia y eficacia del modelo de ejecución de obra civil, a garantizando el cumplimiento de los presupuestos y plazos “en un entorno de mayor colaboración y transparencia y también más tecnológico y digital entre el sector público y el sector privado”.