Incide en que se necesitan medidas de reactivación y protección de la economía y no de “castigo”
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha manifestado este jueves su rechazo a la propuesta del Gobierno de crear un nuevo impuesto temporal para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y ha lamentado la “retórica beligerante” que considera que ha adoptado el Ejecutivo en el anuncio de la medida.
La asociación también ha subrayado su “preocupación” por una medida que considera que genera “inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva” y cuyos efectos “distan de estar claros”.
También critica que la implantación del nuevo tributo al sector podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración que podrían terminar trasladándose a las finanzas públicas.
“Todo ello sin perjuicio del efecto sobre la competitividad de nuestro sector derivada de una competencia fiscal desleal frente a terceros”, argumenta Sedigas.
En ese sentido, la asociación insta al Ejecutivo a “reflexionar” sobre que la aplicación de un impuesto tiene impactos concretos en el funcionamiento, la operativa, la rentabilidad y la sostenibilidad en el medio y largo plazo de las empresas, “que son agentes generadores de riqueza y empleo para el país”.
“Necesitamos medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo. En este sentido, es inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas utilizada en el anuncio de este nuevo gravamen, que ignora el compromiso histórico y el papel fundamental de estas compañías para garantizar el bienestar económico y social”, se queja Sedigas.
Por otro lado, la organización hace hincapié en que con la información disponible es “imposible” entender el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno.
“Se desconoce qué entiende por “beneficios” y por “extraordinarios”, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etc, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas”, señala Sedigas en relación a los 2.000 millones de euros anuales que prevé recaudar el Gobierno con este gravamen en cada uno de los ejercicios para los que se plantea su vigencia.
La asociación también considera que un nuevo impuesto de estas características es “negativo” para un sector que opera en competencia en los mercados internacionales y en el que se necesitan inversiones y “músculo financiero” para garantizar la seguridad de suministro, más todavía en un contexto como el actual, “de máxima incertidumbre y volatilidad”.
Además, lamenta que la iniciativa del Gobierno tiene “un coste en términos de reputación y marca país” debido a la “inseguridad e incertidumbre” que genera en un contexto en el que España intenta posicionarse como un ‘hub’ del gas debido a su potencial de regasificación, con alrededor del 25% de las plantas de este tipo en Europa.
El impuesto a las grandes energéticas propuesto por el Ejecutivo, según lo anunciado esta misma semana, se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023 y el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio.