MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Todas las formaciones políticas del Congreso, a excepción de Vox, han respaldado este martes en el Pleno de la Cámara Baja tramitar la proposición de ley del Parlamento Vasco para impulsar un fondo estatal de compensación a víctimas del amianto.
La iniciativa ha sido presentada por diputadas autonómicas del PSOE, PNV y EH-Bildu que han recordado que esta reivindicación llegó por primera vez al Congreso desde la Cámara vasca en 2016, sin poder completar su tramitación por las sucesivas disoluciones anticipadas de las Cortes.
También han recordado la siniestralidad que provoca este material cancerígeno: 6.961 personas fallecidas por mesotelioma en todo el país desde 1999 –la mortalidad derivada del amianto se estima aún mayor–, tal y como ha expuesto Eba Blanco, diputada de EH-Bildu.
Blanco ha instado a los grupos a retomar los trabajos de ponencia tal y como se dejaron en la pasada legislatura, “se centren en lo acordado y aparquen las diferencias”: “No empiecen de cero, no podemos permitirnos un nuevo retraso en esta cuestión. No sería justo con todas las víctimas”, ha dicho.
Maitane Ipiñaraz, del PNV, ha destacado la vulnerabilidad de las víctimas, ante un tiempo de latencia de la enfermedad “extraordinariamente largo”, lo que provoca que en el momento de reclamar algunas empresas ni siquiera existan, o sea más difícil demostrar la causalidad ante los tribunales.
Gloria Sánchez, del PSE, ha relatado que el Parlamento vasco completó hace ya tres legislaturas esta iniciativa, siguiendo el modelo de compensación francés, “el más completo”, y ha pedido a la Cámara acelerar la tramitación de esta ley “a la mayor brevedad posible”.
VOX: “NOS LARGAN EL MUERTO AL RESTO”
Solo Vox ha rechazado apoyar la toma en consideración de la iniciativa, apostando por la abstención, por considerar que busca crear un “chiringuito”. Además, ha puesto en cuestión que el fondo, impulsado desde el País Vasco, sea estatal: “A la hora de la verdad, la Hacienda no pone ni un duro. Han quedado muy bien, nos largan el muerto al resto de los españoles”, ha dicho su diputado Emilio Jesús del Valle.
También ha cuestionado la importancia de indemnizar a las mujeres afectadas por este material tóxico fuera del ámbito laboral a la hora de respaldar las indemnizaciones “hayan cotizado o no”. “Así metemos a las mujeres que tanto les preocupa que lavaban la ropa de los trabajadores que estaban con el amianto”, ha dicho en este punto.
EL 40% DE LAS MUERTES POR AMIANTO AÚN ESTÁ POR LLEGAR
María Guijarro, del PSOE, ha señalado la importancia de este fondo para víctimas que han sufrido enfermedades por este material, pero también por aquellos que aún están por padecerlas, ya que el 40% de las 130.000 muertes que se estiman para 2050 derivadas de su exposición aún estaría por llegar.
Por parte del PP, su diputada Macarena Montesinos ha calificado de “bienvenida” la iniciativa por “atenuar el auténtico calvario que comporta la reclamación ante los tribunales”, si bien ha lamentado la falta de concreción sobre sus recursos, y ha rechazado la creación de una cotización adicional a financiar por las empresas.
AFECTÓ A TRABAJADORES DE FÁBRICAS, PERO TAMBIÉN A SUS MUJERES
Por Unidas Podemos, Pilar Garrido ha lamentado la indefensión de las víctimas, obligadas a litigar años después de su exposición, destacando la concentración de afectados en comarcas con alta actividad industrial y barrios obreros. El portavoz laboral del PNV, Iñigo Barandiaran, ha destacado que la iniciativa busca “no dejar fuera a ninguna víctima, sea cual sea su fuente de contaminación”, y así incluir a personas expuestas fuera de un ámbito profesional.
Es el caso de las mujeres que lavaban las ropas de los trabajadores expuestos, tal y como ha relatado en su intervención su homólogo en EH-Bildu, Oskar Matute, que ha leído una carta de la Asociación Víctimas Amianto Euskadi (Asviamie) y ha pedido un fondo para evitar los “interminables procesos judiciales” y asegurar el resarcimiento de todos los afectados.
NO SE PROHIBIÓ POR EL COSTE EMPRESARIAL Y LABORAL, RECUERDA Cs
María Muñoz, de Cs, ha recordado el testimonio del neumólogo Juan Ignacio Camargo, de la comisión de seguimiento del amianto en un juicio de afectados de la empresa Uralita, donde aseguró que, aun conociéndose su toxicidad, no se prohibió el uso de este material “por el alto coste empresarial y laboral”.
Genís Boadella (PDeCAT) ha celebrado que la iniciativa permita evitar la judicialización y la falta de amparo por ausencia de pruebas, Inés Sabanés (Más País-Equo) ha apostado por una ley integral que garantice seguridad en su retirada y tratamiento, y mejore los recursos para la investigación, y Néstor Rego (BNG) ha lamentado la falta de sensibilidad de los sucesivos gobiernos para poner en marcha este fondo.