Añade que Aena ve inconstitucional ese cambio de normativa y que serán los tribunales los que decidan “cómo se aplica”
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admitido que “hay malestar en el Gobierno y en Aena” por la rebaja de alquileres en aeropuertos, tras un cambio de normativa que obliga al operador aeroportuario a reconfigurar los acuerdos con los establecimientos en función de la evolución del tráfico aéreo.
La compañía presidida por Maurici Lucena ha interpuesto hasta 26 recursos de inconstitucionalidad para tumbar la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre del pasado mes de octubre, que se introdujo mediante una enmienda que no votaron ni PSOE ni Podemos.
En concreto, la enmienda modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período comprendido entre el 15 de marzo al 20 de junio de 2020.
Además, Sánchez, durante los Desayunos Informativos de Europa Press, ha señalado que Aena entiende que ese cambio de normativa es inconstitucional y que serán los tribunales los que decidan “cómo se aplica o se interpreta esa disposición”.
Por otro lado, la ministra ha recordado que Aena, antes de esa modificación legislativa, había negociado con muchos inquilinos sobre las condiciones de esas rentas y reconocía que la disminución de pasajeros había afectado la actividad económica de esos establecimientos.
En este sentido, el operador aeroportuario destacó que, antes de que se aprobara dicha regulación, había alcanzado acuerdos con el 67% de los arrendatarios comerciales, es decir, un total de 90 arrendatarios, menos con las “multinacionales propiedad de fondos de inversión internacionales”.
Por último, la titular de Transporte ha reivindicado que en este asunto “se tienen que defender los intereses de Aena y del Ministerio pero, en definitiva, también los de los ciudadanos”.
UN IMPACTO DE ALREDEDOR DE 1.500 EUROS
Lucena indicó hace unos meses que la rebaja a los alquileres comerciales tendrá un impacto de alrededor de 1.500 millones de euros en la compañía, y supondrá la transferencia de este importe desde los accionistas de Aena “al bolsillo de los accionistas de otras compañías”.
En concreto, el presidente ha alegado que esta modificación beneficiará a los accionistas de SSP, Areas y Duffry, compañías que son “propiedad de fondos de inversión con muchos bolsillos”, y afectará a los accionistas de Aena, recordando que la compañía es en un 51% propiedad del Estado español.
Lucena ha esgrimido que Aena “no se plantea no aplicar la ley”, pero que “tiene derecho a usar las iniciativas legales que tiene a su disposición”.