Facilitan el cumplimiento de la ley que aprobó el Senado con oficinas móviles o carteros que garanticen dinero efectivo
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El PSOE y el PP quieren eximir a la banca de tener que reinstalar cajeros automáticos en municipios sin servicio bancario, tal y como mandata una ley aprobada en el Senado, y ofrecen como alternativa llegar a acuerdos con la empresa pública Correos o la puesta en marcha de oficinas móviles.
Así consta en sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, a la proposición de ley aprobada por el Senado y enviada el pasado mayo al Congreso, donde continúa su tramitación.
Esta iniciativa busca garantizar el servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera y contempla una serie de obligaciones para el sector financiero, que debe facilitar las funciones de retirada e ingreso de efectivo, realizar consultas de movimientos y saldos, obtener extractos, realizar transferencias o el pago de recibos y tributos.
DERECHO A RETIRAR EFECTIVO, NO AL SERVICIO DE CAJERO
Sin embargo, con sus enmiendas el PSOE plantea cambiar el nombre de la iniciativa y dejarla en ‘Ley de garantía del servicio de retirada de efectivo’, y que en municipios de menos de 500 habitantes este derecho pueda garantizarse a través de oficinas de Correos y carteros rurales.
Para los municipios más grandes la retirada de efectivo podrá hacerse en una oficina bancaria permanente o un cajero automático, pero también a través de un agente financiero –con la posibilidad de que sea en una ruta de periodicidad semanal– o una oficina móvil, también con la posibilidad de que sea semanal.
La formación de Gobierno esgrime que se trata de una “solución realista y eficiente para estas poblaciones”, y que en el caso de los agentes financieros podrá prestarse un servicio más personalizado, “algo de especial interés habida cuenta de la elevada media de edad de la población en estos municipios”.
ESTUDIAR LA PRESTACIÓN OBLIGATORIA EN UN AÑO
Así, plantea suprimir toda la regulación sobre la instalación obligatoria de cajeros, si bien contempla una disposición para que el Banco de España realice un informe sobre el acceso al dinero efectivo en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor, y a partir de ahí estudiar si es necesario un régimen de prestación obligatoria.
En el pasado Debate sobre el estado de la nación, el PSOE aceptó una propuesta de ERC para impulsar medidas legislativas que permitan garantizar el servicio de cajero automático para gente mayor, personas vulnerables y demás personas en riesgo de exclusión financiera.
PP: ACUERDO CON CORREOS PARA CUMPLIR LA LEY
El PP, por su parte, sí que mantiene en sus enmiendas la reinstalación de cajeros automáticos, si bien suprime la parte que regula la instalación obligatoria mediante licitaciones y facilita las posibilidades de cumplir con la ley sin instalar cajeros.
Así, proponen que las obligaciones exigidas por la ley se entiendan cumplidas si los servicios recogidos se llevan a cabo a través de acuerdos con Correos, y también prestar los servicios a través de cajeros automáticos móviles en los pequeños municipios, para los cuales propone el servicio de tres horas en un día a la semana por cada 250 habitantes.
Asimismo, habilita una excepción para que la función de ingreso de dinero en efectivo únicamente sea obligatoria en municipios de más de 500 habitantes.
Por otro lado, los ‘populares’ quieren eximir de cualquier impuesto, tasa o contribución especial –ya sea estatal, autonómica o local– la instalación de cajeros automáticos, esgrimiendo que “no tiene sentido exigir la prestación de unos servicios financieros y cobrar tributos por ello”.
UP: ACABAR CON EL “SUBTERFUGIO” PARA NO CUMPLIR LA LEY
En el caso de Unidas Podemos, el socio de coalición del PSOE quiere acabar con un artículo de la ley que permite cumplir con las obligaciones de retirada de efectivo con oficinas móviles, atendiendo a la ubicación de los municipios y el coste que supone instalar y mantener los cajeros, siempre que se garantice un servicio mínimo de tres días semanales.
El grupo confederal considera que esta cláusula “habilita un subterfugio a las entidades financieras para evitar cumplir con el objeto de la ley”, por lo que propone suprimirlo.
Otras propuestas son encomendar al Banco de España un análisis sobre la exclusión financiera o pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sobre el coste del servicio de retirada de efectivo para evaluar el sistema de comisiones y, a partir de ahí, fijar un importe máximo a las comisiones que establecen las entidades propietarias de los cajeros.
Asimismo, proponen garantías para acordar con las entidades financieras un plan que establezca que el cierre de más oficinas no lleve aparejado el cierre de sus cajeros externos, el aumento de personal de apoyo para asistir a personas con mayor dificultad en trámites digitales, y simplificar y facilitar la tecnología de acceso, entre otras.