MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El PSOE y Unidas Podemos han pactado en el Congreso que en un concurso de acreedores se prime la oferta de adquisición de la empresa que presenten sus propios trabajadores organizados en una sociedad cooperativa o laboral.
Además, el acuerdo contempla facilitar este tipo de adquisiciones al permitir la capitalización de sus cotizaciones, esto es, que los trabajadores puedan utilizar como capital para adquirir la empresa la prestación que les correspondiera por desempleo.
Según han informado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, se trata de dos enmiendas transaccionales acordadas por las dos fuerzas de Gobierno, a partir de propuestas del grupo confederal a la reforma concursal con las que buscaba facilitar el rescate de empresas en dificultades por parte de los propios trabajadores.
LOS CAMBIOS SE INCLUIRÁN EN LA REFORMA CONCURSAL
Las propuestas se votarán, y previsiblemente aprobarán, durante la votación de las enmiendas a este proyecto de ley este jueves en el Pleno del Congreso, que aprobará y enviará al Senado la iniciativa para completar allí su tramitación
Según el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, una oferta realizada por trabajadores constituidos en una sociedad cooperativa, laboral o participada y que sea igual o superior al resto, deberá priorizarse “siempre que ello atienda al interés del concurso, considerando la continuidad de la empresa, la unidad productiva y los puestos de trabajo, entre otros criterios”.
Por otro lado, la otra enmienda transaccional trata de eliminar uno de los principales escollos para el rescate de una empresa por parte de los trabajadores, la falta de capital, ya que hasta ahora deben esperar a que esté liquidada para poder capitalizar su prestación por desempleo.
CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN
El diputado de Unidas Podemos ponente en esta reforma, Roberto Uriarte, ha celebrado este acuerdo señalando que las enmiendas “no hacen sino atender el mandato del artículo 129.2 de la Constitución”.
Este artículo, señalar Uriarte, “encomienda a los poderes públicos promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y las sociedades cooperativas, así como el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad”.