MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley en la que propone flexibilizar los contratos públicos a las empresas para que no se pare ninguna obra por la crisis de desabastecimiento y precios que está sufriendo, especialmente, el sector de la construcción.
En la Proposición, firmada por la portavoz del grupo Cuca Gamarra, y el portavoz de Economía, Miguel Ángel Castellón, el GPP ha instado al Gobierno a modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la Economía Española al considerar que están “coyunturalmente desfasadas” ante la dificultad de presupuestar o establecer fechas de obras por la escasez de materias primas.
Con esta modificación, se busca flexibilizar las condiciones previstas en precio y en plazo, así como ampliar las situaciones de excepcionalidad en las que es posible la revisión de precios conforme a un entorno de presión extraordinaria de los costes.
También los populares han solicitado incluir en la Ley de Contratos del Sector Público una fórmula de actualización extraordinaria de los precios de los materiales, recogidos en los contratos de obra pública en vigor y que, además, estos se contemplen en todos los pliegos en tramitación, mientras dure esta situación de excepcionalidad económica.
Como destaca el GPP en la exposición de motivos de su iniciativa, entre abril y agosto de 2021 el precio del acero se ha incrementado un 105%; el del aluminio un 81%; el del cobre un 77%; el de la madera un 49%; y del petróleo y sus derivados más del 180%.
“Un encarecimiento que está amenazando la viabilidad de muchos proyectos de obra pública, ya que el aumento del coste total de las obras se valora, de media, en alrededor de un 22,2%”, han advertido desde el grupo.
A ello se suma la falta de suministro de materiales, lo que también está comprometiendo los plazos contractuales con el siguiente riesgo de incumplimientos y la posterior imposición de penalidades a la que se ven abocadas las empresas constructoras de todos los tamaños.
Por ello, el GPP ha criticado la “pasividad” del Gobierno y considera que debería haber actuado ya, porque el número de empresas que están viéndose afectadas por incumplimientos de plazos contractuales va “exponencialmente en aumento” y provoca la imposibilidad de ejecutar contratos.