MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en el Congreso que la reforma de la cadena alimentaria que culmina este jueves su tramitación supone “un antes y un después” en la regulación,, pese a las dudas planteadas por la oposición, tanto por la eficacia de la nueva norma como por la necesidad de haberla llevado más lejos.
Primero en su intervención ante el Pleno, que este jueves celebra el último debate parlamentario del proyecto antes de su entrada en vigor, el de los cambios efectuados por el Senado, como en declaraciones a los medios, Planas ha defendido el avance que supone la reforma, la más importante para el sector agroalimentario de toda la legislatura.
Planas ha reconocido que la nueva ley “por sí sola no va a garantizar que todos los problemas queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para garantizar relaciones comerciales a la altura del siglo XXI”.
El ministro de Agricultura ha asegurado que la reforma persigue dar más transparencia a la formación de precios y a las transacciones comerciales en la cadena, lograr un equilibrio entre los tres eslabones –producción, industria y distribución– y que los productores dispongan de mejores instrumentos de apoyo y protección en sus negociaciones.
“ES UN CAMBIO DE CULTURA, NECESITAREMOS TIEMPO”
Así, ha puesto en valor que toda transacción por encima de mil euros esté sujeta a un contrato escrito, se impulse un registro de contratos para ello y se obligue a cubrir los costes de producción de los productores en todos los eslabones, consagrando la prohibición de la venta a pérdidas.
Esgrimiendo que se trata de “una modificación profunda” de la ley, ha señalado que “los efectos tardarán”. “Es un cambio de cultura, es un cambio profundo y necesitaremos tiempo para ver sus primeros efectos”, ha asegurado, señalando por otro lado que existe también “urgencia” ante situaciones como la del sector lácteo, con el que ha dicho que mantiene un diálogo con la confianza de que puedan elevarse los precios que perciben los productores que hagan rentable su actividad.
Respecto a las movilizaciones convocadas en el campo, Planas reconocido preocupación por el incremento de los costes, pero ha señalado que “no es un fenómeno español ni europeo”, sino que es a nivel mundial, y ha esperado que “disminuya en los próximos meses”.
PP Y Cs: LAS PROHIBICIONES Y LAS GARANTÍAS NO BASTARÁN
Sin embargo, durante el último debate parlamentario del proyecto en el Congreso, el de los cambios efectuados por el Senado, la oposición en bloque, tanto el bloque de la derecha como los socios del Gobierno, ha expresado sus dudas acerca de las posibilidades de la ley para solucionar los problemas del sector agrario.
El ‘popular’ Joaquín María García Díez ha asegurado que las grandes promesas de la reforma, cubrir los costes de producción y la prohibición de la venta a pérdidas “van a ser incumplidas”, ya que su regulación “no garantiza ni un euro”.
Para Mari Carmen Martínez Granados, de Cs, la ley “no va a mejorar los problemas que tenía el sector”, pues considera que el reconocimiento de costes efectivos “por sí mismo no soluciona los problemas”.
“TOCARÁ VOLVER A REFORMARLA”, ADVIERTEN LOS SOCIOS
Joseba Agirretxea, diputado del PNV y presidente de la Comisión de Agricultura, ha reconocido un “sabor agridulce” con la norma, que veía como “una maravillosa oportunidad” que, finalmente, “se ha quedado a medias”. “Queríamos solucionar una serie de cuestiones. ¿Las ha solucionado? No del todo”, ha dicho.
“Tocará volver a reformarla”, ha abundado Xavier Eritjá (ERC), lamentando que no haber podido reconocer, por oposición del PSOE, la posición de dominio en el sector, igual que Concep de Cañadell (PDeCAT) y Néstor Rego (BNG).
“AHORA TOCA APLICARLA CON URGENCIA Y VALENTÍA”
Los grupos del Gobierno sí que han puesto en valor los avances alcanzados, destacando Isabel Franco (Unidas Podemos) la prohibición de la venta a pérdidas o que los estudios del Observatorio de la Cadena sean indicadores de costes, así como una “definición más justa” de los mismos: “Ahora toca aplicar la reforma, desarrollarla con urgencia, valentía y con rigor”.
Finalmente, Juan Francisco Serrano, del PSOE, ha asegurado que la nueva norma es “protectora” y “garantista” con los productores, y ha dicho que ve la crítica de la bancada de la derecha, particularmente la del PP, como una defensa de las grandes explotaciones, y su jaleo a las movilizaciones a “agitar para intentar boicotear la acción del Gobierno”.