Todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya han firmado los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas de 7.000 millones destinadas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención este jueves ante el Pleno de Congreso, donde ha defendido el real decreto aprobado por el Ejecutivo para extender el listado de sectores y empresas que pueden beneficiarse de esta línea de ayudas.
La ministra ha señalado, además, que el Gobierno ya ha transferido la parte correspondiente de los recursos a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana, y en los próximos días se realizará el desembolso a Cataluña, Murcia, La Rioja, Andalucía y Cantabria.
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 15 de abril a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque sin establecer una fecha límite para su rúbrica.
AMPLIAR LAS AYUDAS A MÁS SECTORES Y EMPRESAS CON PÉRDIDAS
El Gobierno aprobó en marzo el plan de ayudas para empresas y autónomas afectados por la crisis dotado con 11.000 millones de euros para transferencias directas, recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda, que incluía un listado de 95 sectores beneficiarios, así como ciertos requisitos para el acceso a las ayudas.
Sin embargo, en abril, el Gobierno dio luz verde, a través de otro real decreto, a la posibilidad de que las comunidades pudieran incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, además de empresas “viables” que hubieran registrado pérdidas en 2019 debido a “circunstancias excepcionales”.
Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares.
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS
En el decreto defendido este jueves por Calviño, el Gobierno también incluyó una medida para garantizar la liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.
Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reesembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.
También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.
Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.