MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Los economistas del Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin), José Carlos Díez y Daniel Lacalle, han coincidido en señalar que la tasa de 250 euros que plantea el proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, actualmente en trámite parlamentario, genera un “incentivo perverso”, según han trasladado durante la presentación hoy de un informe que valora la creación de esta nueva autoridad.
En palabras de Lacalle, la tasa de 250 euros por reclamación aceptada, además, es un “impuesto arbitrario que busca crear más reclamaciones sea cual sea el mérito de estas y, con ello, poner al sector financiero en una polémica constante.
A su vez, el director de Orfin, José Carlos Díez, ha subrayado que “no se puede montar un organismo público con un modelo de financiación privado, vinculado a la tasa de 250 euros, porque genera un incentivo perverso y habrá muchas más reclamaciones”. El informe señala además que el Banco de España “ha alertado del posible aumento de la conflictividad”.
Los expertos del observatorio han defendido que el sistema de reclamaciones actual es “eficiente”, siguiendo las cifras del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Por un lado, Lacalle ha reconocido que el porcentaje de rectificaciones asumidas por las entidades respecto de las reclamaciones ante el Banco de España –un 73% en 2021 frente al 69,4% de 2020– “consolida la mejora de esta ratio, que ha sido constante a partir de 2012”. Por su parte, José Carlos Díez ha advertido que “es importante que los cambios mejoren la situación actual y no generen nuevos problemas”.
Asimismo, Lacalle ha indicado que, del total de reclamaciones presentadas a los bancos, “sólo el 10% llega a los servicios de reclamaciones de los supervisores, mientras que el 90% se soluciona en el mismo banco”. Por ello, con el sistema planteado para la autoridad, considera que “esa ratio se revertiría significativamente”, lo que se traduce en “la ruptura de la confianza entre cliente y entidad”.
Por otra parte, los economistas consultados para el informe han coincidido en que las dudas, críticas o cuestionamientos respecto a determinados aspectos de esta autoridad “deberían ser corregidas y subsanadas”, como el carácter vinculante de las resoluciones, lo cual, según ha destacado Lacalle en la presentación del informe, puede derivar en “una suplantación de funciones que ya están en el entorno judicial” y, por ello, “hay riesgo de inconstitucionalidad”.
Por último, respecto a la comparación con la situación en otros países europeos, el texto de Orfin destaca la heterogeneidad de estos órganos, como señaló a finales de febrero el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para pronunciarse sobre la creación del nuevo organismo, ya que la Directiva 2013/11/UE “no debe obligar a los Estados miembros a crear en cada sector minorista una entidad de resolución alternativa específica”. A este respecto, Daniel Lacalle ha asegurado en la presentación del informe que “no existe un ejemplo similar en ningún país, por mucho que se quiera comparar la situación con Reino Unido”.
El informe de Orfin concluye que las dudas planteadas en torno a la configuración de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero demandan que la tramitación parlamentaria aborde cuanto antes estas cuestiones y ofrezca las soluciones, la certeza y la confianza que deben presidir el objeto y los objetivos de esta norma. De hecho, Díez ha concluido el evento destacando que “si hay que hacer algún avance en el Congreso, que quiten esa tasa de los 250 euros”.