Afirma que podrían estar en cuestión sanciones por hasta 230 millones y recuerda a los contribuyentes que sigue vigente
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mostrado total “respeto” a la sentencia conocida este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero y ha anunciado que se corregirá “con la mayor celeridad” los elementos sujetos a revisión.
“Vamos a reformular de forma rápida, una vez que leamos con detenimiento la letra pequeña, aquellos aspectos que haya que corregir”, ha asegurado la ministra. Concretamente, los asuntos que están sujeto a revisión son los plazos de prescripción y la cuantía de las sanciones.
En rueda de prensa para presentar el avance de la recaudación del año 2021, Montero ha aprovechado para comentar la sentencia que ha salido a la luz este jueves, aunque ha remarcado que desde el Ejecutivo harán una lectura “tranquila y sosegada” de la misma.
Pese a esta corrección, la ministra ha remarcado que se trata de una declaración informativa, por lo que sigue estando vigente. Así que hasta el 31 de marzo del ejercicio corriente tienen los contribuyentes de plazo para hacer la presentación de este modelo 720.
La ministra pretende que, antes de que expire el plazo de presentación del modelo se haya corregido la norma utilizando algunas de las leyes que pueden encontrarse en tramitación en el Congreso o el Senado. “Creemos que es más adecuado hacerlo por este mecanismo que no por el mecanismo del decreto ley”, ha afirmado Montero.
Como información general, la ministra ha apuntado que son unos 60.000 contribuyentes los que presentan este modelo anualmente, por lo que se trata de un volumen limitado de personas que hacen esta declaración de bienes en el extranjero. El importe en términos de euros declarados desde la vigencia del modelo está en torno a 225.200 millones.
La ministra ha señalado que en los últimos tres años no se ha impuesto prácticamente ninguna sanción sobre este modelo precisamente para no tener que atender a la posible nulidad de las mismas por la deliberación del TJUE.
Eso sí, antes de estos tres años sí se han impuesto sanciones por esta normativa –creada en 2012–, que podrían alcanzar los 230 millones de euros. “Habrá que ver ahora a quién le afecta la letra pequeña de la sentencia, si es a la totalidad de afectados o si solo una parte”, ha señalado.