Afirma que el paquete anticrisis se financiará gracias al “colchón” que ofrece un déficit de 2021 menor al previsto
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes la extensión de la bonificación de 20 céntimos por litro de consumo de combustible para todos los ciudadanos con independencia de su renta, ya que, según ha indicado, “no es posible” establecer un sistema “ágil y rápido” que permita sólo esta ayuda a las rentas más bajas.
Montero, en declaraciones a la Sexta recogidas por Europa Press, ha asegurado que la pretensión del Gobierno con esta medida es que las familias se beneficien “de forma inmediata” de esta rebaja y que el gasolinero no puede comprobar el nivel de renta ni cualquier otro criterio que discrimine a los ciudadanos con más o menos renta.
“El modelo (que aprobará el Gobierno) es ágil, eficaz y de lo que se trata es de que cuando uno vaya a la gasolinera, ya se le aplique de manera inmediata los 20 céntimos”, afirmó la ministra.
Montero ha adelantado que el dato de déficit público que el Gobierno difundirá el próximo jueves es “favorable” y mejora tanto la previsión del Ejecutivo como la de la mayoría de organismos internacionales.
Ello, ha dicho, genera un “colchón” que permite acometer el paquete de medidas incluido en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana, con un coste de 16.000 millones de euros, 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos.
Montero ha asegurado que, pese al esfuerzo económico que conlleva el plan para las arcas públicas, España cumplirá con los objetivos de estabilidad y ha señalado que no aumentará la deuda precisamente por el “colchón” al que ha dado lugar el mejor comportamiento del déficit.
“Eso nos va a permitir que no se deterioren las cuentas públicas”, ha subrayado la ministra, que ha añadido que, en todo caso, el Gobierno español ha pedido a la Unión Europea que las reglas fiscales sigan suspendidas en 2023, algo que ya estudia la Comisión Europea debido al impacto de la guerra en Ucrania.