La vicepresidenta cuarta señala que ninguna administración pública esta “libre de que pueda ocurrir una circunstancia de este tipo”
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este martes en la Cámara Alta que el conflicto laboral en el servicio de limpieza de Correos “está en vías de estar resuelto”, tras detallar que el contrato con la empresa pública había decaído, se ha vuelto a convocar un concurso para la subcontrata y se ha realizado otra adjudicación el 1 de diciembre para el servicio, algo de lo que tanto los agentes sociales como SEPI, están al tanto.
Montero ha respondido así ante la pregunta realizada en la sesión plenaria del Senado por de la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, quien ha pedido a Montero su valoración sobre la situación en la que se encuentran los 700 personas que trabajan en el servicio de limpieza de Correos y que llevan seis meses sin cobrar su nómina.
“Creo que sí ha habido bastante sensibilidad por parte de la empresa para poder actuar lo más rápidamente posible y ojalá, cuanto antes, estos trabajadores cobren el importe de la nómina que no se les abonó en su día, y ojalá que el servicio de limpieza tenga también su perfecta normalidad con la contratación de la nueva empresa que ya está en vigor”, ha expresado Montero.
Bidaguren ha denunciado, no obstante, que se han vivido situaciones similares con la subcontratación externa de servicios por parte de las administraciones públicas y que esta se ha convertido en “una fórmula cada vez más extendida”.
“Lo peor es que se utiliza muchas veces como un instrumento para abaratar costes y eludir responsabilidades y, al final, lo barato sale caro económica y socialmente también”, ha aseverado la senadora.
También ha reclamado que la competencia que se genera en los precios de las empresas que buscan un contrato público “genera precariedad, brecha salarial y deterioro de las condiciones laborales”, además de que, afirma, hunde a las pequeñas empresas.
“Y no es ninguna casualidad que una vez más, como usted bien ha dicho, estemos ante un conflicto laboral de un colectivo feminizado, de tal manera que la propia Administración pública, en lugar de ser ejemplar en la promoción del empleo de calidad, está perpetuando la feminización de la pobreza”, ha reclamado Bideguren.
De su lado la ministra ha respondido diciendo que “ninguna administración está exenta de que pueda ocurrir una circunstancia de este tipo”, sin embargo, ha remarcado que lo importante es que existan los mecanismos que “con la mayor celeridad permitan que esos contratos puedan decaer y que se pueda sacar una nueva licitación”.
Montero también ha defendido que el Ejecutivo ha suscrito en la Ley de Contratos del Sector Público que haya un peso complementario de otros parámetros más allá del económico en las adjudicaciones como son las clásulas sociales que incorporan elementos añadidos como los planes de igualdad, la capacidad de la conciliación y que “se acompañe a los trabajadores en sus derechos”.