MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha advertido al PP de que votar en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de déficit del año que viene es recortar la capacidad de gasto en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobiernan.
En una interpelación urgente del PP defendida por su coordinador de Economía, Juan Bravo, la ministra ha explicado que los objetivos de déficit planteados por el Gobierno a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal son mejores que los recogidos en el plan presupuestario del Gobierno enviado a la Comisión Europea en abril.
La vicepresidenta ha señalado que si el PP no apoya los últimos objetivos planteados en el Consejo Fiscal, los Presupuestos se desarrollarían a tenor del plan presupuestario de abril, lo que supondría un recorte en la capacidad de gasto.
En concreto, la última propuesta trasladada a las CCAA es de un 0,1% de objetivo de déficit, frente al 0% planteado en abril; mientras que en los ayuntamientos se ha pasado de un superávit del 0,2% en abril a un 0% en octubre.
A MONTERO LE PARECÍA POCO EN 2014 CUANDO ERA CONSEJERA
“No es un problema de chantaje. Ustedes voten lo que quieran. Es un problema de que, a veces, por intentar ponerle chinas en el camino al Gobierno de España, se tiran piedras en su propio tejado”, ha aseverado Montero, que ha pedido al PP que permita a los diferentes territorios en los que gobierna “hacer presupuestos creíbles”.
Pero Bravo ha recordado a la ministra que los objetivos de estabilidad presupuestaria recogen un objetivo de déficit del 2,7% para la administración central en 2024. “Es un 97% para usted y un 3% para las comunidades autónomas”, ha denunciado el coordinador económico del PP.
En este sentido, también ha señalado que en 2014, cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda en la Junta, esta denunció un reparto “injusto y desequilibrado” de los objetivos de déficit entre administraciones. Entonces, según Bravo, había un reparto del 80% de gasto para el Estado y el 20% para CCAA y ayuntamientos, lo que es una situación más ventajosa para las autonomías y entidades locales que la actual.