Critica la actitud “destructiva” del PP y advierte a los populares de que si no cambian, los ciudadanos se lo harán pagar en las urnas
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno va a seguir tomando medidas para mitigar el encarecimiento de los precios energéticos, que suponen el mayor impacto en el incremento de la inflación.
La ministra ha defendido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado las medidas abordadas hasta ahora por el Ejecutivo para mitigar el impacto del alza de los precios de la energía y ha cifrado en 6.350 millones de euros el ahorro fiscal para los ciudadanos gracias a las mismas.
Entre las medidas para atajar el encarecimiento de la luz Montero ha destacado la reducción del 80% de los peajes a más de 600 consumidores electrointensivos, que supone un impacto de entre 250 y 300 millones de euros en las arcas públicas.
“Este Gobierno, con el encarecimiento de la luz, ha bajado los impuestos no solo a las familias, sino también a las empresas”, ha puesto en valor la ministra durante la sesión de control en la Cámara Alta.
Montero ha contestado así a la interpelación de la senadora popular, Elena Muñoz, sobre las políticas fiscales que está diseñando el Gobierno para evitar que la inflación se acabe convirtiendo en la práctica en una subida más de impuestos a los contribuyentes, en un contexto de incertidumbre marcado por la salida de la crisis de la Covid-19 y la reciente guerra en Ucrania por la invasión de Rusia.
“Desgraciadamente para los españoles esta situación ha tenido lugar cuando tenemos el peor Gobierno posible”, ha lamentado Muñoz, tras asegurar que al Gobierno lo “único” que le importa es subir impuestos.
Aunque la ministra ha asegurado en varias ocasiones que en este momento no se abordarán incrementos impositivos, pese a contar ya con el informe de los expertos para la reforma fiscal, desde el PP le han instado a bajar impuestos y no solo retrasar las subidas.
La ministra ha criticado las “soluciones populistas” del Partido Popular que defiende la bajada de impuestos cuando están en la oposición, mientras que les ha recordado que la mayor subida impositiva de la democracia se produjo durante el mandato de Mariano Rajoy.
Frente a esto, Montero ha celebrado haber cumplido con el déficit pactado con Europa en 2021 y ha destacado que incluso se ha situado por debajo de la cifra prevista en los Presupuestos Generales del Estado.
“Es una pena que el principal partido de la oposición en los peores años en décadas que ha vivido el país durante una pandemia y ahora con la situación de la guerra nunca tienda la mano al Gobierno para intentar dar una respuesta satisfactoria a la salida de la crisis y el bienestar de los ciudadanos”, ha lamentado la ministra.
Por ello, espera que con los cambios en el PP la actitud de oposición “cambie”. “Si no cambia, los ciudadanos se lo harán pagar en las urnas”, les ha advertido la ministra, quien ha criticado que el PP simplemente pregone malos augurios y destrucción en un momento en el que toda la sociedad está “arrimando el hombro”.
UNA FISCALIDAD PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Durante la sesión de control, y en respuesta a una pregunta del senador de ERC, Xavier Castellana, la ministra de Hacienda ha remarcado que la fiscalidad tiene que estar al servicios de as políticas públicas.
“El único objetivo que para este Gobierno tiene la fiscalidad es el de servir de instrumento añadido para garantizar el ejercicio de los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos”, ha remarcado Montero.
En su intervención la ministra ha criticado a los grupos políticos que tratan de aparentar una “fórmula mágica” en cuanto a política fiscal, que lo que hace es profundizar en la desigualdad y en la falta de oportunidades para las personas más vulnerables.
El senador de ERC, Xavier Castellana, ha lamentado que en la Cámara Alta se esté tramitando un proyecto de ley de residuos que se “carga” el canon catalán de residuos, que lleva existiendo 17 años. No obstante, la ministra ha argumentado que el propósito de la ley que se está tramitando es “imitar” la experiencia de Cataluña a lo largo de estos años respecto a las tasas de residuos.
“Nada de denostar el impuesto, lo que pretendemos es extender la buena práctica que ha desarrollado Cataluña al resto del territorio español porque es una exigencia que la fiscalidad medioambiental sea disuasoria respecto a las conductas agresivas con el medioambiente”, ha explicado.