MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte ha presentado su rechazo a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte (Aitat), creada por el Gobierno para investigar los accidentes del transporte, ya que considera que esta “será igual de ineficiente que las tres comisiones a las que sustituye”.
Dicha plataforma, integrada por representantes de los marinos mercantes (Comme), pilotos (Sepla), controladores aéreos (USCA) y maquinistas ferroviarios (Semaf), considera que el proyecto de ley presentado el pasado martes por el Gobierno no contempla las principales alegaciones que los representantes de los profesionales del transporte hicieron el pasado verano, por lo que es “ajena a los criterios profesionales de quienes defienden la seguridad del transporte y sus pasajeros”, según han resaltado en un comunicado.
Los transportistas defienden que el proyecto de ley “incurre en las mismas deficiencias” que han tenido históricamente las tres comisiones de investigación que ahora se fusionan, que son la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Aérea (Ciaiac), Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim).
Esto, consideran, hará que las investigaciones de la nueva autoridad “carezcan de la necesaria calidad, profundidad e independencia para mejorar la seguridad del transporte”.
En concreto, detallan cuatro deficiencias que esta comisión mantendrá, como son la “falta de independencia orgánica, carencia de conocimiento de los miembros, escasez de autonomía de la investigación con respecto a un proceso penal y falta de protección de las decisiones sobre seguridad”.
Con respecto a la independencia orgánica, la Aitat “sigue dependiendo del Ministerio de Transportes”, por lo que sus investigaciones “pueden estar contaminadas desde el principio, ya que muchas veces la investigación deberá centrarse en la actuación del propio Ministerio”.
Además, la composición de este organismo “no cuenta con profesionales del sector del transporte, por lo que se obvia el necesario punto de vista de quienes trabajan en él a diario, eliminando la pluralidad”.
En cuanto a los posibles procesos penales, el poder judicial puede interferir según el texto en la investigación técnica de un accidente incautando pruebas y declaraciones para abrir una diligencia, lo cual “supone un atentado contra los principios de cultura justa” reconocidos por Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), ya que “puede propiciar que las personas investigadas no faciliten toda la información por temor a que se abra contra ellos un proceso penal”.
En el comunicado, explican que “el texto tampoco protege las decisiones que los trabajadores del transporte puedan tomar por motivos exclusivamente de seguridad”, una protección que “debería quedar totalmente blindada”. “Los pilotos no pueden tener miedo a ser despedidos si se niegan a acatar una orden que atenta contra la seguridad de sus pasajeros” ha manifestado el presidente de Sepla, Óscar Sanguino.
La plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte ha señalado que seguirá trabajando para que el proyecto de ley definitivo tenga en cuenta los puntos de vista de sus profesionales.