MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El colectivo de abogados y procuradores afectados por las mutualidades, integrantes del movimiento J2, Venia, Anama, Ala y Marea Negra ha expresado “su profundo malestar” tras la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de obligar a este colectivo a cotizar en el RETA desde 2027.
En concreto, Saiz avanzó que el Gobierno quiere que los nuevos profesionales colegiados tengan que inscribirse obligatoriamente en el RETA a partir de 2027, eliminando así la opción de cobertura alternativa con una mutualidad que tienen actualmente ciertos colectivos, como abogados y procuradores.
Tras este anuncio, el colectivo de profesionales afectados por las mutualidades han insistido en la necesidad de que la pasarela al RETA incluya a “todos los afectados”, pues denuncian que “el Estado ha fallado en su deber de vigilancia y no puede dejar a ningún profesional desamparado”.
Asimismo, han señalado que excluir de la pasarela a todos los afectados incorporados entre 1996 y 2026, y condicionar la pensión de jubilación a cumplir un requisito de vulnerabilidad, es contrario a la Constitución.
Por otra parte, este colectivo considera que, como dicha obligatoriedad de la adscripción al RETA será a partir de 2027, “los nuevos colegiados corren el riesgo de que, desde ahora hasta esa fecha, las Mutualidades puedan continuar captando mutualistas, como régimen alternativo, pese al tremendo problema que la escasez en cuanto a prestaciones les supondrá eso”.
Además, han defendido que las mutualidades deberían garantizar obligatoriamente las coberturas, “independientemente de las cuotas”, y consideran que el incremento de las cuotas del 80% al 100% de la base mínima de la escala general del Régimen de Autónomos, sin garantizar las prestaciones, “supone la máxima desprotección por el Estado, además de un agravio comparativo con el resto de ciudadanos”.
Así, el colectivo ha compartido la necesidad de que el Estado solucione su pase al RETA de “forma urgente” y ha señalado como “causantes del problema” a Altermutua, Mutualidad de la Abogacía y Mutualidad de Procuradores.
A su vez, han exigido que este pase ocurra en unas condiciones que reconozcan tanto su esfuerzo económico, traspasando la totalidad de sus participaciones en el patrimonio mutual, como todos los años cotizados, y “la falta o deficiente cobertura de contingencias” sufrida hasta la actualidad por los mutualistas a la hora de diseñar las condiciones de paso al sistema público.
Además, han asegurado estar dispuestos “a adoptar todas las medidas legales y de presión necesarias” para lograr que sus intereses sean reconocidos y sus derechos respetados.