MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Los seis bancos cotizados españoles estiman que abonarán a las arcas públicas unos 1.493 millones de euros en concepto del nuevo impuesto a la banca, lo que supondría un alza del 33,3% respecto a sus contribuciones del año pasado.
La cifra final podría variar ya que los bancos acaban de formalizar sus cuentas de 2023, por lo que no será hasta que finalicen el primer trimestre cuando empiecen a contabilizar en sus cuentas el desembolso y se conozca la cifra final.
Caixabank repite como el banco más afectado por este gravamen, al ser el mayor banco en volumen de negocio en España (BBVA y Santander son más grandes a nivel global, por el peso de su negocio exterior). La entidad abonará unos 500 millones de euros, un 34% más que los 373 de 2023.
En segunda posición se sitúa Banco Santander, que afrontará un desembolso de 338 millones, un 50,9% más, al tiempo que BBVA contribuirá con 285 millones, un 26,7% más.
El gravamen implica un desembolso para Banco Sabadell de 190 millones de euros, un 21% más, mientras que Bankinter abonará unos 100 millones (+29,9%) y Unicaja se dejará unos 80 millones de euros.
La recaudación del impuesto el año pasado por parte de la banca fue de 1.263 millones de euros, menos de la mitad de los 2.900 millones de euros que se recaudaron junto con el impuesto a las energéticas.
Los grandes bancos pagaron el año pasado unos 1.120 millones de euros. El resto fue abonado por otras entidades que son objeto del impuesto pero que no cotizan en Bolsa.
Aunque este gravamen extraordinario se implantó con un carácter temporal de dos años, para 2023 y 2024 (recaudando sobre los resultados de 2022 y 2023, respectivamente), la intención del Gobierno es volverlo permanente. Durante los últimos días, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha ido reuniendo con diversas entidades tras su toma de posesión y algunas de ellas le han trasladado la petición de que el impuesto se modifique para reducir lo que considera un “carácter discriminatorio”.
La configuración actual deja fuera a entidades que ingresan menos de 800 millones de euros por margen de intereses y comisiones netas, lo que favorecería a la banca extranjera que opera en España.