Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) han dado este lunes su visto bueno a los planes de reformas e inversiones de Irlanda y República Checa para acceder a las ayudas del fondo de recuperación de la UE creado tras la crisis generada por el coronavirus.
La decisión la han tomado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) reunidos este lunes en videoconferencia para dar su opinión sobre estos dos planes, aunque el aval se formalizará por procedimiento escrito en los próximos dos días.
Con Irlanda y República Checa son ya 18 los Estados miembro que cuentan con el aval de la Comisión Europea y del Consejo para acceder a los fondos anticrisis de la UE, incluido España, cuyo plan fue aprobado por el Ecofin en julio, con los primeros doce planes validados.
La UE cuenta con un fondo de recuperación de 800.000 millones con el que quiere sacar a las economías de los 27 de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y acelerar las transiciones verde y digital.
En el caso de República Checa, el Gobierno ha presentado un plan de reformas e inversiones de 7.000 millones de euros y ha solicitado un anticipo del 13% que podrá recibir una vez que firme el acuerdo financiero con la Comisión Europea.
Irlanda, por su parte, cuenta con un plan de recuperación de 989 millones de euros, aunque en su caso las autoridades no han solicitado adelanto alguno.
Entre los planes que quedan por aprobar, destacan los de Hungría y Polonia cuyos plazos para el examen a manos de la Comisión Europea han tenido que ser prorrogados por los problemas de Bruselas con algunas de las propuestas iniciales.
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha dicho, en una rueda de prensa al término de la videoconferencia del Ecofin, que en ambos casos la Comisión Europea “sigue analizando” los planes en base a los mismos once criterios que la normativa común exige aplicar a todos los planes nacionales.
De este modo, Dombrovskis ha evitado dar detalles sobre los problemas que complican la aprobación de las propuestas húngara y polaca pero ha subrayado que las condicione son las mismas para todos.
Tanto Budapest como Varsovia han acusado a Bruselas de retrasar su evaluación para presionar a sus Gobiernos para que retiren reformas que la UE ve como amenazas a la independencia de los jueces y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.