Nueve meses de éxito en la estabilización macro pueden dar paso a una fase de recuperación. La liberalización económica, el blanqueo fiscal y el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones favorecen una decidida apuesta por el país del capital nacional y extranjero.
La inversión hacia Argentina ha sido inestable en las últimas décadas debido a las crisis económicas, la debilidad institucional y los altos costes impositivos y laborales. Además, hubo decisiones contrarias a los inversores tomadas con frecuencia por la política.
Sin embargo, permanece la imagen del país como lugar de oportunidades ya que siguen presentes sus atractivos que, a decir del Banco Mundial, son varios: abundante capital natural y tierra fértiles, fuerza laboral bien educada e importantes recursos con los segundos yacimientos de litio del mundo, las segundas reservas de gas y las cuartas reservas de petróleo.
Durante el último medio siglo, la tasa promedio de crecimiento anual del PIB de Argentina fue sólo del 1,8%, muy por debajo del promedio regional del 3,2%.
A partir de aquí es fácil imaginar el potencial de crecimiento y negocios si se dan las condiciones adecuadas en este país de 47 millones de habitantes que en 2023 tuvo un PIB de 640.000 millones de dólares.
El gobierno de Milei, instalado en diciembre de 2023, ha traído un radical espíritu reformista que propugna la libertad económica y la reducción del estado para revertir los errores del pasado. La voluntad declarada del nuevo gobierno es sustituir las políticas socialistas por los valores de la libertad y convertir a Argentina de nuevo en potencia económica.
En estos 9 meses de nuevo gobierno, la eliminación del déficit público y el destierro de la emisión monetaria en paralelo actuaron con mucho éxito en la reducción del crecimiento de la inflación mensual (de 25% en diciembre a 4% en julio). También mejoró la reputación al bajar la prima de riesgo de la deuda pública un 25% y subir las acciones de empresas argentinas.
El programa económico se ha plasmado en normas a un fuerte ritmo a pesar de tropiezos iniciales, recursos judiciales y rebajas en sus objetivos. Así, destaca el mega Decreto presidencial de necesidad y urgencia (DNU) de diciembre de 2023 y la famosa Ley –ómnibus- de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esta ley entró en vigor el 8 de julio y casi ha finalizado su reglamentación en todos sus elementos.
¿Se dan ya las condiciones para la inversión de nacionales y extranjeros?
Analicemos si están presentes los elementos fundamentales: oportunidad de negocio y
seguridad jurídica.
La oportunidad de negocio en el país viene avalada por los datos expuestos de potencial de crecimiento del PIB, por los avances a favor de la liberalización de la economía y por un nuevo mejor clima de negocios con el aval al gobierno de actores económicos internacionales importantes.
Una primera objeción que cabe hacer es por qué confiar esta vez en el espíritu de reforma liberal si también existió en el gobierno de Macri (2016-2019). La principal crítica a este gobierno fue el gradualismo en las reformas. Como dijo Sturzenegger, ideólogo de las reformas de Milei y expresidente del Banco Central en 2017-18: “El continuo desequilibrio fiscal generó un conflicto con los esfuerzos del Banco Central para reducir la inflación […] socavando su propio marco macroeconómico y desencadenando una crisis
financiera”.
El gobierno de Milei ha prometido evitar los errores de Macri y tiene en el superávit fiscal del sector público su principal herramienta para normalizar la economía.
Un segundo reparo surge al preguntarse por qué invertir si la economía se ha contraído un 3,2% en el primer semestre de 2024 producto del recorte del gasto público. A este respecto, los estudiosos de grandes reformas económicas recuerdan que es inevitable en estos procesos una primera etapa de contracción antes de dar paso a la expansión de la economía.
El gobierno confía en que se inicie la recuperación de la actividad en el segundo semestre si bien parece que no será en forma de V sino de U, debiendo esperarse resultados claros en 2025. Se espera la reactivación por la bajada de la inflación, la mejora en el crédito privado y las aportaciones del agro, así como del sector petrolero y minero. La recuperación del consumo se puede ver ayudada por el proceso iniciado en los dos últimos meses en el que los sueldos de convenio le han empezado a ganar a la
inflación.
Hay consenso en que para un alza sostenida en la actividad se deben levantar los controles de cambios. El gobierno anunció desde el principio que terminaría con el cepo cambiario habiendo ya removido algunas limitaciones, pero aún no ha fijado la fecha definitiva que parece proyectarse en el primer semestre de 2025.
Para los sectores tradicionales será positiva la mejora de los precios de la energía así como la bajada del impuesto a las importaciones de bienes de equipo, pues ayudarán a bajar los costes de producción.
La Ley de Bases también ha facilitado la situación de las empresas respecto a las relaciones laborales, en particular facilitando la regularización de empleos no registrados con condonación de sanciones. También extiende el período de prueba y abre la posibilidad a que los convenios sustituyan la indemnización por despido sin causa por un fondo de cese laboral o sistema privado de capitalización. Así se busca terminar con la llamada “industria del juicio”. En cuanto al derecho de huelga, se amplía considerablemente el ámbito de los servicios esenciales.
Cabe esperar un cierto revulsivo a la economía por vía del blanqueo o regularización fiscal de activos -incluidos criptoactivos- iniciado en julio. Es el más beneficioso de la historia para los capitales no aflorados por los argentinos residentes y no residentes. Hasta 100.000 dólares sin impuesto alguno y a partir de ese umbral alícuotas progresivas (5%, 10% y 15%) que benefician la prontitud en el blanqueo en un proceso que termina en mayo de 2025. Se prevé integrar en la economía entre 15.000 y 50.000 millones USD.
Veamos las áreas principales de interés para la inversión
Las empresas estatales a privatizar eran 41 en el primer proyecto quedando reducido el número a 8 tras las negociaciones con la oposición. El decreto de 1 de agosto comprende un grupo de 4 sujetas a privatización (Electricidad-Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos carboníferos e Intercargo-handling) y otras cuatro sujetas a privatización o concesión (Tren-Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Aguas-AYSA). Quedaron excluidas del proyecto YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Es probable que, en el futuro, el Gobierno acometa nuevas privatizaciones si cuenta con mayor apoyo del legislativo.
El sector inmobiliario está en franca recuperación tras una prolongada crisis gracias a las medidas desde enero de desregulación de alquileres con libertad de pactos y moneda, así como a la mejora de los créditos hipotecarios y el proceso de blanqueo fiscal de capitales.
Destaca también el sector hotelero, donde varias cadenas han anunciado la apertura de nuevos establecimientos, destacando Hilton, que prevé abrir diez hoteles.
La liberalización de sectores económicos busca terminar con la posición de privilegio de ciertas empresas y es parte nuclear de la política gubernamental, desde los clubes de fútbol hasta el sector de neumáticos, motos y productos electrónicos.
A partir del 1 de noviembre, las asociaciones civiles de los clubes de fútbol podrán transformarse en sociedades anónimas deportivas. La Asociación de Fútbol Argentina rechaza esa medida, mientras que el gobierno enfatiza su estimación de que la apertura a capitales privados podría atraer hasta 3000 millones de dólares.
El proyecto estrella para atraer capitales y dinamizar la economía vio la luz en junio causando entusiasmo en las energéticas mineras, que anunciaron inversiones por 80.000 millones en la próxima década. El Real Decreto 749/2024 aprueba el Reglamento del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones –RIGI- con importantes incentivos tributarios (reducción 25%), aduaneros (0% a los bienes de equipo) y cambiarios. Los beneficiarios principales son los vehículos de proyecto único (VPU) que califiquen como gran inversión por alcanzar los 200 millones USD en uno de los sectores estratégicos seleccionados en la Ley Bases: industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo o gas. Si la inversión es igual o superior a 1000 millones de dólares y permite posicionar a Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados en los que aún no tenga participación relevante, puede ser calificada
como de “Exportación Estratégica de Largo Plazo” y obtener incentivos adicionales.
Algunas críticas al RIGI cuestionan que “el único objetivo es la entrada de dólares frescos en un corto plazo, con la intención de liberar el mercado cambiario, más que sentar las bases de un nuevo patrón de desarrollo o agenda de desarrollo para el país”. También se objeta que se permita un nuevo colonialismo, desequilibrios con las empresas nacionales y dejar fuera el 100% de las divisas obtenidas por la exportación.
El RIGI aporta estabilidad y seguridad jurídica por el plazo de 30 años impidiendo nuevos tributos, aranceles o nuevas normas con condiciones más gravosas. Respecto a las disputas con arbitrajes, se dispone que las inversiones se considerarán protegidas en el sentido previsto en los tratados bilaterales de inversión aplicables y se podrán plantear demandas en el CIADI del Banco Mundial.
La seguridad jurídica dependerá finalmente de la permanencia de las leyes de la coalición de gobierno que las aprobó. En este sentido se observa que el presidente mantiene el 56% de aprobación y existen buenas expectativas para el partido de gobierno, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas parciales de 2025. Un buen resultado alentaría a Milei a profundizar en la reformas.
Por otra parte, es clara la caída del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, con pérdida de liderazgos y de apoyo en centros tradicionales de voto popular antes asegurado.
Los sindicatos, siempre tan decisivos y poderosos, se están adaptando con pragmatismo a la nueva etapa de pérdida de posición concentrados en la procura del interés propio.
Todo lo anterior hace prever que el ciclo político actual continúe hasta un segundo mandato presidencial, bien del propio Milei, bien de otro presidente vinculado a las fuerzas políticas no peronistas. El cambio político fue producto de un cambio cultural socioeconómico del país que, con alta probabilidad, se proyectará en un horizonte amplio.
Las condiciones están dadas para que el país reciba una importante inversión exterior. Como factor coadyuvante encontramos la reciente decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés, lo que debe facilitar la vuelta del dinero a los mercados emergentes.
La mala fama puede hacer que algunas decisiones de inversión se demoren hasta ver más consolidado el cambio de ciclo económico y político en 2025. Sin embargo, los inversores exitosos saben que la oportunidad hay que “verla y agarrarla” a tiempo.