La sanidad y la educación públicas reducen más la desigualdad que los impuestos
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Fundación de Estudio de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un estudio sobre la incidencia del sector público en la desigualdad de los hogares, en la que concluye que la intervención pública reduce en un 35% la desigualdad de la renta de mercado de las familias, de acuerdo con los datos de 2018.
De esta corrección de la desigualdad, las prestaciones monetarias, fundamentalmente las pensiones, aportan un 70%, y el gasto público en sanidad y educación un 23%, mientras que la redistribución alcanzada a través del sistema fiscal se limita al 7% restante y se debe sobre todo al IRPF.
Estas son las principales conclusiones de la sexta edición del observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid y Fedea).
En el estudio se estima el impacto distributivo sobre los hogares residentes en España de las prestaciones públicas, monetarias y en especie, y del sistema fiscal para los años 2017 y 2018, y en esta edición se ha ido ampliando el listado de tributos y prestaciones cuyo impacto redistributivo se analiza, ya que a las principales prestaciones públicas (sanidad y educación), se ha añadido el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales pagadas por las empresas.
Además, se recogen los efectos de prácticamente todos los grandes tributos estatales y autonómicos y las principales prestaciones monetarias, incluyendo las prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda.
Como consecuencia del análisis de todas estas prestaciones y de los principales impuestos, el estudio de Fedea concluye que la intervención pública reduce la desigualdad un 35%. Las prestaciones públicas en especie de sanidad y educación explican un 23%, aproximadamente, de la reducción de la desigualdad, y el estudio pone de manifiesto que el efecto redistributivo del gasto público en sanidad es “sensiblemente superior” al del gasto público en educación.
Para este último gasto, más del 96% del efecto reductor de la desigualdad corresponde a la educación no superior, de tal forma que el gasto en universidad y en el ciclo superior de formación profesional prácticamente no altera la distribución de la renta disponible.
De su lado, el sistema fiscal es responsable de poco más de un 7% de la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España. Por lo que respecta a los impuestos directos, el IRPF (“muy señaladamente”) y el Impuesto sobre Sociedades tienen un efecto redistributivo positivo, al igual que el conjunto de cotizaciones a la Seguridad Social. Por contra, todos los impuestos indirectos tienen un efecto redistributivo negativo.
LAS RENTAS MÁS BAJAS, LAS MÁS BENEFICIADAS
El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta) son beneficiarios netos de la intervención pública, ya que perciben un subsidio efectivo neto (prestaciones menos impuestos) que es decreciente con la renta bruta: del 90,6% de la renta bruta para el primer quintil, al 17,4% para el tercero.
Los hogares situados en los dos siguientes quintiles (es decir, el 40% de los hogares con mayor renta bruta) son contribuyentes netos, ya que soportan un tipo efectivo neto creciente, desde el 4,8% para el cuarto quintil hasta el 25,5% para los centiles 91 a 99 y el 25,2% para el 1% de hogares con mayor renta bruta.
Esta caída del tipo efectivo neto para el 1% más rico muestra que el sistema de impuestos y prestaciones en España agota su progresividad en la parte más alta de la distribución de la renta bruta.