MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap) asegura que la inclusión de la cogeneración en el mecanismo ibérico que topa el precio del gas empleado en la generación de electricidad “no soluciona en absoluto” la grave situación de este tipo de plantas, que se encuentran en una “situación límite” y con la “mayoría de las instalaciones paradas”, ha lamentado este jueves la organización en un comunicado.
La normativa publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la posibilidad de que las instalaciones de cogeneración y tratamiento de purines y lodos de aceite de oliva que lo deseen puedan renunciar temporalmente a su régimen retributivo especial y percibir el ajuste del mecanismo ibérico, al igual que las centrales convencionales de gas y carbón.
A juicio de Adap, la “incertidumbre regulatoria, la intervención del mercado y los altos precios del gas” han conducido a las plantas de tratamiento de purines de cerdo a una “situación límite” que se agrava a la espera de un marco regulatorio que permita a las plantas volver a la actividad.
En este contexto, la organización urge al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “a solucionar la grave situación con medidas que favorezcan un marco regulatorio estable que garantice la continuidad y extienda la vida de las plantas de forma que puedan reiniciar su actividad ambiental”.
Así, abogan por que ese nuevo marco regulatorio sirva para impulsar su modernización y promover la inversión en la construcción de nuevas instalaciones que exploren tecnologías innovadoras.
Consideran que este tipo de plantas actúa como un socio ecológico del sector porcino porque dan una “respuesta integral” al excedente de los subproductos que no tienen cabida como fertilizante en los terrenos colindantes a las explotaciones ganaderas.
“Las plantas tratan y reciclan los subproductos para ser reintegrados en el ciclo natural. Los purines se tratan, reciclan y valorizan obteniendo nutrientes agronómicos, hasta unas 100.000 toneladas anuales de fertilizantes orgánico-minerales que sustituirán a los químicos, minorando emisiones de gases”, subraya Adap.
También argumentan que esta tecnología favorece una economía agraria “más sostenible y comprometida” con la transición ecológica del campo nacional y, a su juicio, “resulta crucial” en la España vaciada al generar empleo y arraigo social.