MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP) se ha mostrado contraria al nuevo gravamen energético, presentado este jueves vía proposición de ley por los dos socios de Gobierno -PSOE y UP- en el Congreso, al considerarlo “arbitrario” y ha pedido “un marco legal estable que no frene las inversiones”.
En un comunicado, la patronal de las petroleras -de la que forman parte Repsol, Cepsa, Galp o bp, entre otras- subrayó que los beneficios del sector son “cíclicos y volátiles”, recordando que el año 2020 “las pérdidas fueron extraordinarias”.
“Los beneficios no se distinguen por su carácter ordinario o extraordinario, sino que son cíclicos y fruto de unas condiciones demercado potenciadas por unas inversiones realizadas a riesgo, sin una tarifa regulada que asegure su rentabilidad”, indicó, subrayando que “lo que hoy pueden parecer beneficios ‘extraordinarios’, en 2020 fueron pérdidas ‘extraordinarias’, ya que, como consecuencia del compromiso del sector con el país en momentos de dificultad, durante la pandemia se mantuvieron operativas todas las refinerías y abiertas el 98% de las estaciones de servicio, a pesar de caídas de la demanda sin precedentes”.
NO TIENE SENTIDO BASARSE EN BENEFICIOS COYUNTURALES.
Así, la patronal consideró que basar el nuevo gravamen enbeneficios coyunturales “solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales”, como la vivida en el año 2020.
Además, advirtió de que los recursos de las compañías del sector son “imprescindibles” para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática, “que van a requerir miles de millones de euros en las refinerías españolas, con una apuesta por la industria y el empleo, pese a la incertidumbre normativa en torno a estas inversiones”.
Asimismo, recordaron que después, ante la invasión rusa de Ucrania, las compañías del sector han ofrecido descuentos adicionales a los carburantes a los impulsados por el Gobierno “para aliviar el esfuerzo de los clientes”.
Además, AOP afirmó que la industria del refino española hizo una apuesta en el periodo 2008-2012 “distinta” a la de otros países europeos y a lo que el ciclo económico parecía recomendar, con unas inversiones de casi 7.000 millones de euros para dotar a las refinerías de más capacidad de conversión y más flexibilidad.
Finalmente, la patronal estimó que España tiene un marco jurídico “estable y seguro, que protege a ciudadanos y empresas”, aunque consideró que el contexto es “complejo de estudiar y de abordar”, por lo que pidió “un mayor esfuerzo de diálogo y análisis”.
“Las decisiones tomadas en otros países europeos no tienen por qué ajustarse a la realidad española. Por ello, anima a buscar fórmulas propias que garanticen a ciudadanos y empresas un trato justo, equitativo y basado en los hechos”, añadió.