MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Hasta 16 organizaciones empresariales se han unido para advertir al Gobierno de que prohibir los vehículos de combustión afectará especialmente a la población más vulnerable y de rentas más bajas, así como a la ciudadanía de las zonas más despobladas y menos comunicadas.
Las patronales de transportistas, concesionarios de coches o de gasolineras han difundido un comunicado conjunto en el que responden a la próxima decisión que se tomará en el seno de la Unión Europea sobre una la propuesta de la Comisión Europea para prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035.
En primer lugar, argumentan que las infraestructuras españolas no están preparadas para la electrificación total del parque móvil, siendo el territorio español uno de los más extensos de la UE y, por tanto, uno de los más complicados de vertebrar.
“Apostar únicamente por la electrificación va a generar zonas de sombra en la España rural y vaciada. Habrá, por tanto, parte de la ciudadanía que no pueda recargar el vehículo porque tendrá menos acceso a puntos de recarga. De nuevo, se producirá un agravio comparativo entre la población urbana y la rural, quedando esta última desprovista de una fuente energética fundamental en su día a día”, señalan.
Por otra parte, creen que se está ignorando que en las zonas más despobladas se necesita una mayor autonomía en el automóvil para recorrer largas distancias sin necesidad de repostar, a diferencia de los trayectos urbanos.
También consideran que se obvia que la maquinaria y el transporte de agricultores y pescadores, así como el transporte pesado de mercancías, funciona con combustible líquido, por lo que se dificultaría el desarrollo de la actividad, su rentabilidad y el empleo que sostienen.
Por este motivo, las asociaciones representantes de industrias vinculadas al transporte y la movilidad exigen que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban alternativas energéticas.
“Prohibir la venta de los motores de combustión supondrá frenar el desarrollo de los ecocombustibles, combustibles líquidos bajos o neutros en carbono y compatibles con las flotas, el parque móvil y las infraestructuras de almacenamiento y transporte de combustibles líquidos”, añaden.
De esta forma, creen que no solo se desincentivará la producción de combustible tradicional, sino también la de ecocombustibles que permitirían descarbonizar la movilidad a un menor coste y sin obligar ni a la población ni a las empresas de sectores estratégicos como la logística a cambiar de vehículo o renovar integralmente sus flotas.
En esta línea, las asociaciones señalan que este desincentivo en la inversión derivado de la prohibición del motor de combustión pondrá en riesgo un gran número de puestos de trabajo, tanto de la industria del refino y de distribución de carburantes como en la de componentes de automoción y en las vinculadas a la movilidad y al transporte.
“Por todo ello, defender intereses de toda la población española requiere imperativamente votar no al reglamento de estándares de emisiones de CO2 por parte del Gobierno español ante la Unión Europea”, defienden.
Las asociaciones firmantes pertenecen a los segmentos de carburantes y combustibles (Aevecar, CEEES, AOP, ATliq, Bio-E, Codigasoil, Ewaba, UPI), proveedores de automoción (Sernauto, Ancera), renovables (APPA), transportes (Astic, CETM, Confebús), concesionarios (Faconauto) y logística (UNO).