MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Las grandes compañías de transporte internacional por carretera han demandado una unificación en la interpretación de las regulaciones sociales de la Unión Europea con el fin de que no se produzcan interpretaciones discriminatorias.
Esta es una de las conclusiones de la 47 Asamblea General de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que ha tenido lugar este jueves en el Hotel Barceló Nervión de Bilbao, ciudad también elegida para celebrar mañana el Foro Empresarial de Transporte, que clausurará Antonio Garamendi, presidente de CEOE.
Con el lema de esta edición, ‘Las Ruedas del Cambio’, Astic pretende resaltar el momento de profunda transformación que atraviesa el sector del transporte profesional por carretera, imprescindible para el desarrollo de las economías modernas.
En este encuentro se pusieron encima de la mesa algunos de los temas que más preocupan a los operadores de transporte de España como la escasez de conductores profesionales, el crecimiento de las empresas en un contexto de costes disparados, la digitalización como palanca para mejorar la competitividad, cómo lograr una transición energética realista y justa; y la promoción de una percepción social positiva de un sector que es estratégico para el funcionamiento de la economía.
El presidente de Astic, Marcos Basante, ha hecho hincapié en el momento de enorme incertidumbre que están atravesando las empresas del sector, que tienen que enfrentarse a costes disparados –incluyendo los peajes de CO2 para camiones que se están implementando en la UE–; a una avalancha regulatoria y a una inseguridad jurídica que frena su competitividad; así como a las exigencias medioambientales de la UE.
“El reglamento exige una reducción del 90% en emisiones para vehículos pesados para 2040 y del 100% para autobuses urbanos en 2035, una ambición desproporcionada sin el adecuado soporte de infraestructuras y medidas que lo faciliten”, ha sostenido.
ASPECTOS LABORALES
En el apartado socio-laboral se habló del Real Decreto que el Gobierno acaba de aprobar y que da prioridad a los convenios autonómicos sobre el nacional.
“Esta desconcertante decisión del Gobierno empantana aún más las negociaciones del III Acuerdo General de Mercancías. En Astic siempre hemos estado a favor de un convenio colectivo nacional único porque la fragmentación geográfica en este aspecto enmaraña la negociación colectiva y rompe el equilibrio en el terreno de la competencia entre empresas”, ha explicado José Manuel Pardo, director Técnico de la patronal.
Este último ha agregado que todos deberían ser capaces de regular las condiciones en las diferentes provincias para armonizarlas, fijando salarios mínimos de garantía, dietas de conductores y jornadas nacionales.
Otro aspecto del que se debatió en este encuentro fue la reducción de la jornada laboral (de 40 a 37,5 horas), que está impulsando la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.
Esta medida, según ha denunciado el sector, les afectará de lleno, ya que existe una regulación especial de la jornada de los “empleados móviles” (conductores profesionales) debido a las singulares características de estos puestos de trabajo.
Así, han apuntado a que la jornada debería establecerse por acuerdo entre los interlocutores sociales, tal como se estaba negociando en el III Acuerdo General. Además, esta reducción agravará el problema de la falta de conductores, según han explicado.