MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Lafarge ha aceptado pagar de 777,78 millones de dólares (795 millones de euros) y declararse culpable de un cargo de conspiración para financiar a organizaciones terroristas extranjeras designadas en Siria, incluida Estado Islámico, desde agosto de 2013 y hasta octubre de 2014, para seguir desarrollando su actividad en el país, según ha comunicado la cementera francesa, perteneciente en la actualidad al grupo suizo Holcim.
Según los términos de la resolución alcanzada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), Lafarge y su extinta filial Lafarge Cement Siria (LCS) pagarán una multa de 777,78 millones de dólares y aceptaron declararse culpables de un cargo de conspiración para brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras en Siria desde agosto de 2013 hasta octubre de 2014, momento en el que LCS había cesado sus operaciones en el país.
Durate este periodo, Lafarge y LCS pagaron a ISIS y ANF, a través de intermediarios, el equivalente a aproximadamente 5,92 millones de dólares (6 millones de euros) y también pagaron el equivalente a unos 1,1 millones de dólares (1,1 millones de euros) a terceros intermediarios por negociar y realizar pagos a ISIS y ANF en nombre de Lafarge y LCS.
Además, cuando LCS finalmente evacuó la planta de cemento de Jalabiyeh en septiembre de 2014, ISIS tomó posesión del cemento que LCS había producido y lo vendió a precios que le habrían reportado unos 3,21 millones de dólares (3,3 millones de euros).
Como resultado, LCS obtuvo aproximadamente unos ingresos de alrededor de 70,30 millones de dólares (72 millones de euros) en ingresos totales por ventas desde agosto de 2013 hasta 2014.
“Este caso envía un mensaje claro a todas las empresas, pero especialmente a aquellas que operan en entornos de alto riesgo, para invertir en programas de cumplimiento sólidos, prestar atención a los riesgos de cumplimiento de la seguridad nacional y llevar a cabo una debida diligencia cuidadosa en fusiones y adquisiciones”, declaró la Fiscal General Adjunta, Lisa O. Monaco.
En su investigación, el DoJ indicó también que no encontró que ninguna de las personas involucradas en la conducta compartiera o apoyara los métodos, objetivos o ideologías de los grupos terroristas que operaban en el área, mientras LCS intentaba manejar los graves desafíos de seguridad en el área que rodeaba su planta de cemento durante la guerra civil siria.
Las autoridades estadounidenses señalaron que actualmente en la empresa existen funciones y controles efectivos de cumplimiento y gestión de riesgos para detectar y prevenir cualquier conducta potencial similar, por lo que el DoJ determinó que la designación de un monitor de cumplimiento independiente no es necesaria.
Asimismo, ninguna de las conductas sancionadas involucró operaciones o empleados de Lafarge en los Estados Unidos y ninguno de los ejecutivos que estuvieron involucrados en la dicha situación están hoy con Lafarge o con alguna entidad afiliada.
“Lafarge y LCS han aceptado la responsabilidad por las acciones de los ejecutivos individuales involucrados, cuyo comportamiento fue una violación flagrante del Código de Conducta de Lafarge. Lamentamos profundamente que esta conducta haya ocurrido y hemos trabajado con el Departamento de Justicia de los EE.UU. para resolver este asunto”, indicó la francesa.
De su lado, Holcim ha expresado su apoyo al acuerdo alcanzado por Lafarge con el DoJ para zanjar la investigación sobre la compañía gala y su subsidiaria LCS durante la guerra civil siria, antes de que Holcim adquiriera Lafarge.
“Ninguna de las conductas involucró a Holcim, que nunca ha operado en Siria, ni a ninguna operación o empleado de Lafarge en los Estados Unidos, y contrasta marcadamente con todo lo que representa Holcim”, ha subrayado la empresa helvética, añadiendo que el Departamento de Justicia señaló que los exejecutivos de Lafarge y LCS involucrados en la conducta “se la ocultaron a Holcim antes y después de que adquiriera Lafarge, así como a los auditores externos”.
De este modo, Holcim apunta que, cuando se enteró de las acusaciones a través de los informes de los medios en 2016, llevó a cabo de manera proactiva y voluntaria una extensa investigación, divulgando en 2017 los principales hallazgos.