SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)
La Consellería do Mar ha remitido este viernes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Reper) un informe socioeconómico que cifra en casi 30 millones de euros el impacto que tendría en la economía gallega la propuesta de establecer en 2023 un total admisible de capturas (TAC) cero para el jurel tanto en aguas del Cantábrico como en el Atlántico Nororiental.
Según ha indicado la Xunta, este documento tiene el objetivo de defender los intereses de su flota y que los aspectos socioeconómicos se tengan en cuenta en las negociaciones de los TAC y de las cotas en aguas exclusivas de la Unión Europea que se van a celebrar entre el próximo domingo y el lunes en el Consejo de Ministros de Pesca.
Así, ha recordado que esta propuesta de cierre afectaría a distintas flotas –arrastre y palangre del Atlántico Nororiental, arrastre de litoral, cerco, volanta, palangre de fondo y artes menores– e incidirá en la actividad de cerca de 3.800 tripulantes, con un impacto directo en primera venta de alrededor de 12 millones de euros.
De esta forma, el Ejecutivo gallego ha expuesto, de acuerdo con el cálculo económico de las ‘Tablas Input-Output de 2019’, que esa reducción en los ingresos de la flota repercutiría “negativamente” en los salarios de las tripulaciones en más de 4,4 millones de euros, una incidencia que, calcula, sería de alrededor de 1.200 euros anuales por tripulante.
Además, ha añadido que a esto se le sumarían también las consecuencias indirectas sobre los bienes y servicios provistos a los barcos, que rondan los 4,3 millones de euros por la minoración de los ‘inputs’ necesarios para desarrollar la actividad pesquera y que son provistos de empresas de todo tipo.
Con todo, el objetivo de remitir este informe tanto a Bruselas como al Gobierno central es, según el Gobierno gallego, “hacer frente a la tendencia registrada en los últimos años de que en la fijación de las posibilidades de captura únicamente se tengan en cuenta los aspectos biológicos de las especies a pesar de que la Política Pesquera Común (PPC) establece la necesidad de que haya un equilibro entre el ámbito ambiental, económico y social”.
“SUAVIZAR Y MEJORAR” LAS PROPUESTAS
El estudio señala que el sector marítimo-pesquero incide en 76 de las 83 ramas de actividad de la economía gallega y tiene el objetivo de “suavizar y mejorar” las propuestas de la Comisión Europea para evitar el impacto que pueden tener tanto en la flota gallega como en la de otras comunidades.
La Xunta también ha afirmado que la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya expuso en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios celebrado este lunes que Galicia defiende la “necesidad de evitar recortes drásticos” en las cotas como la del jurel y apeló a la “prudencia”.