MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
CEOE celebrará este miércoles una Junta Directiva ordinaria en la que será su segunda reunión tras la reelección de Antonio Garamendi como presidente de la patronal el pasado mes de noviembre, han informado a Europa Press en fuentes empresariales.
En esta cita, la organización empresarial suele hacer un repaso de la actualidad y de lo ocurrido en las últimas semanas en el diálogo social, que tiene en cartera varios asuntos importantes, como son la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 y la segunda pata de la reforma de las pensiones.
Junto a estas cuestiones, que pertenecen al ámbito del diálogo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios, también está en el horizonte la renovación del acuerdo interconfederal de negociación colectiva (AENC), que compete exclusivamente a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.
De hecho, la Junta de la patronal de este miércoles se celebra tan sólo unos días después de que sindicatos y empresarios hayan retomado el diálogo sobre el AENC, en una primera toma de contacto de la que no salió nada concreto pero que abre la puerta a que esta vez, con la inflación remitiendo, pueda cerrarse una horquilla salarial que satisfaga a ambas partes.
CCOO y UGT siguen ligando la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los empresarios que establezca una banda salarial de referencia para los convenios colectivos a la inclusión en el mismo de una cláusula de garantía salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. No obstante, se han abierto a que ésta no esté ligada únicamente a la inflación, sino también a la marcha real de los sectores económicos.
Esto podría facilitar el acuerdo con la patronal, que defiende que todavía hay empresas de ciertos sectores que lo están pasando mal y que no pueden afrontar una subida salarial elevada y menos que iguale a la inflación que, aunque ha moderado su ascenso, aún está por encima del 5%.
CCOO y UGT siguen insistiendo en que la crisis inflacionista y el hecho de que los precios de los alimentos sigan mostrando tasas de crecimiento superiores al 15% requieren una subida salarial generalizada, empezando por el SMI, actualmente situado en 1.000 euros mensuales al mes por catorce pagas.
EL SMI DE 2023, TODAVÍA PENDIENTE
La determinación del SMI corresponde al Gobierno, que sólo está obligado a consultar sobre él a los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo convocó a sindicatos y empresarios a una primera reunión el pasado mes de diciembre para presentarles los trabajos del grupo de expertos del SMI, cuya recomendación para 2023 es aplicar una subida de entre el 4,6% y el 8,2% para cumplir con el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio.
A dicha reunión no acudió la CEOE por tener Junta Directiva ese mismo día y por el malestar que le había causado la inclusión de una enmienda en la Ley de Empleo pactada con Bildu que da a la Inspección de Trabajo el control de las causas en los despidos colectivos.
No obstante, pese a no acudir a esa primera reunión, las patronales hicieron llegar al Gobierno una propuesta por escrito en la que plantean una subida del SMI desde los actuales 1.000 euros mensuales a 1.040 euros, lo que implicaría un incremento, en valores relativos del 4%.
CEOE y Cepyme supeditan esta cuantía al establecimiento de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes, y a la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, a fin de repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.
Las patronales defienden que este incremento del 4% supera la subida salarial media pactada en los convenios firmados en 2022 y de la subida aplicada a los funcionarios (3,5%).
A la espera de que el Gobierno convoque a los agentes sociales a una nueva reunión para concretar la cifra (la ministra Yolanda Díaz se ha mostrado partidaria de la ‘banda alta’ recomendada por los expertos –1.082 euros–), CCOO y UGT mantienen su reivindicación de que el SMI suba en 2023 hasta los 1.100 euros mensuales. En todo caso, el Ejecutivo ha asegurado que el incremento que se decida finalmente se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Otro de los asuntos que competen al diálogo social tripartito es la segunda pata de la reforma de pensiones, en la que el Gobierno quiere cerrar un acuerdo con los agentes sociales sobre el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima y de la ampliación del periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años actuales.
Para los empresarios, los planteamientos del Gobierno para esta segunda fase de la reforma de pensiones “suponen tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado laboral”. La patronal cree que “las medidas principales que ha planteado el Gobierno quedan al margen de los consensos alcanzados en el marcado del Pacto de Toledo” y que no están enfocadas a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones.