MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La inversión extranjera directa de Reino Unido en España durante los primeros seis meses de 2021 alcanzó los 895 millones de euros, lo que supone un descenso del 11% en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior, según se desprende del ‘VII Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España’, elaborado conjuntamente por la Cámara de Comercio Británica en España y Analistas Financieros Internacionales (Afi).
De esta forma, Reino Unido se situó como el tercer mayor país inversor en España en la primera mitad del año, por detrás de los 2.008 millones de Estados Unidos y los 1.161 millones de Francia.
Con respecto a las regiones destino de estos flujos inversores, destacan Madrid y Andalucía, que acumulan el 70% de la inversión total, con 494,9 y 139,1 millones de euros, respectivamente. En tercer lugar se sitúa Cataluña, con una inversión de 67,1 millones.
El informe también señala que los flujos hacia Castilla y León fueron de 30,8 millones, mientras que en País Vasco recalaron 20 millones y en la Comunidad Valenciana alcanzaron los 10,3 millones de euros invertidos.
El sector energético ha sido el principal destino inversor de los flujos británicos, con 221 millones. Le siguen el de alimentación (129,9 millones), el inmobiliario (99,9 millones) y el de la construcción (94,8 millones).
“Reino Unido continúa siendo un socio estratégico para España y el Acuerdo de Libre Comercio y Cooperación entre la UE y Reino Unido genera certidumbre para las empresas y la inversión”, ha subrayado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
El informe publicado este miércoles también recoge una mejora significativa en la confianza empresarial de las compañías radicadas en España con capital principalmente británico. Mientras que en 2020 el 73% de las empresas consideraba ‘malo’ o ‘regular’ el clima para hacer negocios en España, durante 2021 únicamente el 6% apuntaba en esa dirección.
Los aspectos más bien valorados por los empresarios británicos son la calidad de vida (con 4,3 puntos sobre 5), la calidad de las infraestructuras (3,5 puntos) y el acceso a financiación (3,3 puntos). Por el contrario, el aspecto peor valorado es, por segundo año consecutivo, el riesgo político (2,6 puntos), y, a escasa distancia, el apoyo público a la I+D+i (2,6 puntos) y las relaciones con la Administración Pública (2,9 puntos).