BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión Europea que elabore un código de conducta comunitario sobre inversión responsable en industrias extractivas en países en desarrollo a fin de garantizar más apoyo a aquellos que tienen bajos ingresos y son ricos en recursos, para ayudarlos a alejarse del modelo extractivista del sector minero.
Así lo recoge el informe adoptado este miércoles por 357 votos a favor, 179 en contra y 97 abstenciones en relación al papel de la política de la UE en la transformación de las industrias extractivas para que sean más sostenibles en los países en desarrollo.
El texto señala que la UE, como mayor donante de desarrollo del mundo, debe considerar objetivos sostenibles en todas las áreas políticas, incluidas aquellas relacionadas con el trabajo de las industrias extractivas, un sector particularmente relevante ante la creciente importancia de las materias primas críticas para la doble transición climática y digital de la UE, y la dependencia de muchos países en desarrollo de las exportaciones de materias primas.
Para garantizar este objetivo, los eurodiputados han propuesto la creación de un código de conducta de la UE que establezca –con aportes de la industria, los sindicatos, la sociedad civil y representantes locales e indígenas– principios rectores para la inversión en países en desarrollo en línea con el proceso de diligencia debida de la UE y las normas e iniciativas internacionales pertinentes.
El código deberá cubrir, a su juicio, compromisos sobre participación local, transparencia en la presentación de informes y transacciones financieras, así como la protección del estado de derechos y el cumplimiento de las medidas anticorrupción.
Los eurodiputados reclaman que la política de la UE en materia de industrias extractivas adopta un enfoque que ponga a las personas por delante y que centre las opiniones y necesidades, en particular, de las comunidades locales e indígenas.
También piden que la UE cree un Grupo de Monitoreo del Portal Global (GGMG, por sus siglas en inglés) compuesto por grupos de la sociedad civil, eurodiputados, representantes de los Estados miembro y otros expertos, para informar sobre el impacto de los proyectos de Global Gateway en los derechos humanos, el medio ambiente, las libertades civiles, la paz, la desigualdad y la reducción de la pobreza.
Asimismo, para ayudar a los socios de desarrollo a reducir su dependencia de las industrias extractivas, los eurodiputados quieren que la UE aumente su apoyo a estos países para diversificar sus economías y ayudar a desarrollar alternativas sostenibles para aislarlos de las crisis económicas y la volatilidad de precios asociadas con el crecimiento impulsado por las industrias extractivas.