MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento de consulta pública para recabar la opinión del sector de infraestructuras sobre su propuesta en materia de resolución de conflictos de acceso a infraestructuras físicas.
Esta normativa incluye a los operadores de telecomunicaciones, gas, electricidad, calefacción, agua, ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos, así como a las administraciones públicas, todos ellos obligados a facilitar el acceso a sus conductos, bajo condiciones y precios razonables.
En este sentido, el Real Decreto 330/2016, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta capacidad, extiende a todo tipo de agentes económicos la obligación de dar acceso a la infraestructura física de su titularidad, como tuberías, mástiles, conductos o postes, que resulte apta para albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
La regulación atribuye al organismo regulador la función de resolver los conflictos que se puedan plantear entre los operadores en materia de acceso a las infraestructuras físicas. Hasta el momento, la CNMC ha resuelto 26 conflictos en este ámbito.
La comunicación que ahora publica Competencia tiene una finalidad principalmente orientativa, abordando cuestiones como qué elementos son susceptibles de constituir una infraestructura física, qué redes pueden considerarse redes de comunicaciones de alta velocidad o quiénes son los sujetos obligados a dar acceso a su infraestructura.
Asimismo, esta actuación da respuesta a las propuestas de acción de la Comisión Europea, que indica que las autoridades de regulación “podrían elaborar directrices, indicando qué metodología conviene utilizar en la resolución de controversias, cómo han de distribuirse los costes derivados de compartir la infraestructura o del codespliegue y qué ahorros o beneficios puede entrañar la colaboración para las empresas reguladas de servicios”.
El objetivo es facilitar la consecución de los objetivos de reducción de los costes del despliegue en el acceso a infraestructuras. Los interesados disponen del plazo de veinte días para formular las observaciones que estimen oportunas.