MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero, un nuevo organismo de supervisión con el que el Gobierno quiere unificar criterios para resolver de manera extrajudicial las reclamaciones y disputas entre clientes y bancos, afronta esta semana su primer examen en el Congreso con el debate y votación de las enmiendas de totalidad registradas por Esquerra Republicana (ERC) y Vox, que piden su devolución al Ejecutivo.
El debate llega al Congreso después de que la banca haya expresado su disconformidad ante la tasa de 250 euros que, según el proyecto, deberán pagar las entidades por cada reclamación que es admitida a trámite.
Las enmiendas de devolución de ERC y Vox, que se votarán el próximo jueves, parten de la idea de que el nuevo organismo que prepara el Gobierno no es necesario, ya sea porque el actual sistema funciona o bien porque hay otras vías que no implican la creación de un nuevo ente.
En el caso de la formación catalana, entienden que sería suficiente con plantear la obligatoriedad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos ya existentes, como es el caso del arbitraje de consumo. Por parte de Vox, creen que el sistema de reclamaciones extrajudiciales cumple su función “de manera eficiente y eficaz”.
UNA AGENCIA PARA SUPERVISARLOS A TODOS
En concreto, la nueva agencia asumiría las funciones que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Para financiar este nuevo organismo supervisor, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que los bancos deberían abonar en caso de que una reclamación de un cliente fuera admitida a trámite en este organismo.
Este ha sido el punto más cuestionado por los expertos que han comparecido en los últimos días en el Congreso. Sobre todo de la banca, que ha alertado de la posibilidad de que podrían admitirse a trámite reclamaciones por un importe inferior a esos 250 euros y con ello provocar un incremento de esas quejas por parte de los clientes.
Así lo dijo el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, quien incluso llegó a decir que la nueva agencia podría ser inconstitucional, tanto por la invasión de competencias en materia judicial como por la tasa de 250 euros.
TEMOR A UNA INDUSTRIA DEL PLEITO
Y es que, pese a que el Gobierno cree que con la mencionada tasa se desincentivaría llegar a la vía judicial, desde la patronal bancaria creen justo lo contrario.
De hecho, Rodríguez Pellitero advirtió sobre el riesgo de que esta tasa provoque un efecto llamada de la “industria del pleito” contra la banca. Esta ‘industria’ a la que hizo referencia Pellitero es la conformada por abogados de clientes que insisten en mantener litigios con la banca para su propio beneficio.
De este modo, el representante de la banca explicó que se puede dar el caso de una campaña de reclamación articulada por un grupo de clientes contra una comisión “perfectamente lícita” por un importe inferior a la tasa, de manera que el banco en cuestión tendría que elegir entre abonar esos 80 euros, pese a estar todo en regla, o abonar 250 euros de la tasa una vez entrada la reclamación en la Autoridad.
Sobre esta materia se pronunció también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández De Cos, que también apuntó que esta Autoridad podría provocar un incremento de conflictos entre la banca y sus clientes.