La ministra de Industria convoca al comité a una reunión este jueves en la Delegación del Gobierno
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha designado una administración judicial para las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, intervenidas desde hace meses por ver la jueza indicios de descapitalización en las sucesivas operaciones de venta, de Alcoa a Parter y de este a Grupo Riesgo, lo que supone remover a los actuales administradores de la compañía.
La decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid se adopta por el periodo de seis meses, aunque es revisable. La adopta, según argumenta, para “asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades”.
Según recoge el auto de este 27 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el administrador judicial deberá tomar posesión dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, y procederá, en el plazo de dos meses desde dicha fecha, a emitir informe sobre la situación respecto de la solvencia financiera “real” de lassociedades objeto de la administración judicial que se acuerda.
Y es que, según la jueza, en el informe de 11 de junio de 2021 presentado por los interventores judiciales, se describen “determinados hechos que permiten concluir” que las sociedades intervenidas no disponen de procedimientos formalizados y de controles internos que permitan dar “una seguridad razonable en el ejercicio de lasfunciones de intervención judicial”.
También apunta el auto, en referencia a este informe de los interventores, que “las sociedades intervenidas han incumplido de forma reiterada los requerimientos de información realizados por la intervención judicial, así como los contenidos de forma directa en el auto de fecha 27 de abril de 2021, en aspectos que resultan esencialespara conocer la real situación de las empresas”.
Además, “se han detectado indicios de falsedad en determinados documentos remitidos a los interventores, así como contradicciones en las manifestaciones realizadas por los gestores de las sociedades intervenidas”.
“Las sociedades intervenidas han aprobado numerosos actos y operaciones sin la preceptiva autorización judicial y/o de los interventores judiciales, incumpliendo adicionalmente otros requisitos establecidos en el auto de intervención judicial”, añade el fallo.
Todo lo anterior, incide, “hace que cualquier labor de intervención judicial resulte ineficaz para la consecución de la finalidad encomendada por el citado auto de 27 de abril de 2021”.
Asimismo, considera que la continuidad de los actuales administradores en la gestión de las sociedades intervenidas “puede suponer un riesgo para la protección del patrimonio de dichas sociedades”.
Justamente para “asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades”, ve “necesaria la sustitución de la medida cautelar de intervención judicial por una medida cautelar de administración judicial que remueva a dichos administradores de susactuales responsabilidades”.
LA EMPRESA RECURRIRÁ
Por su parte, la empresa va a pedir una aclaración al auto y después, “seguramente”, recurrirá la medida, según apuntan fuentes de Alu Ibérica consultadas por Europa Press.
Y es que recientemente la defensa de Alu Ibérica había alegado ante la titular de este juzgado de la Audiencia Nacional que la administración judicial, en caso de adoptarse, causaría “daños irreversibles” para las fábricas.
Después de trasladarlo en una vista, lo reiteró en un escrito dirigido al juzgado, con fecha de 16 de julio, en el que la empresa rechazaba la administración judicial por ser una medida “gravosa, dañina y desproporcionada”.
A su juicio, faltaban “los indicios de delito” y “el presupuesto de apariencia de buen derecho en las tesis de las partes acusadoras, que toda la jurisprudencia exige para imponer la más radical medida de administración judicial”.
En este sentido, aseguraba que “no hay indicios ni prueba alguna de descapitalización ni de insolvencia”, cuando los indicios de descapitalización son, precisamente, los que llevaron a la jueza a tomar la decisión de la intervención.
ANTECEDENTES
Las fábricas de A Coruña y Avilés pertenecían a Alcoa, que las vendió a Parter. Este, a su vez, traspasó las instalaciones al Grupo Parter.
Desde ese momento, los sindicatos denunciaron las operaciones de los nuevos propietarios, ante lo que la justicia acordó la intervención de las plantas, y ahora la administración judicial.
REUNIÓN CON MAROTO
Precisamente para este jueves, según informa el comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, el Ministerio de Industria ha convocado una reunión a las 18,00 horas en la Delegación del Gobierno.
Por parte de las administraciones acudirán la ministra, Reyes Maroto; el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde; el director general del gabinete de la minisra, la subdelegada del Gobierno en A Coruña y representantes de Abogacía del Estado, según apunta el comité.
Previsto antes del viaje a Pittsburgh de la ministra, el comité destaca que aprovechará este encuentro para recordar a Maroto y a la Xunta “el compromiso que tienen con los trabajadores para mantener operativa y viable” la planta.
Además, este jueves llevará a cabo una nueva jornada de huelga, y a las 12,00 horas el comité realizará una concentración ante la empresa, donde valorará el auto de la Audiencia por el que se nombra administrador judicial.