MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Hacienda trabaja con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para articular un sistema de control y auditoría de los fondos europeos, tal y como ha informado este jueves en el Congreso la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la relación con la Unión Europea (UE), Calviño ha asegurado que el Gobierno busca garantizar “los más elevados estándares en cuanto al control de la gestión financiera y rigor de gestión de los recursos públicos”.
La vicepresidenta, que ha acudido por vez primera a esta Comisión para informar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha asegurado que la idea es que este sistema esté en línea con los sistemas europeos.
NO DESCARTA ANTICIPAR A ANTES DE 2023 LA LLEGADA DE CRÉDITOS
Respecto a la movilización de recursos a partir de la llegada de los fondos, ha asegurado que España “va a ser un país de absorción plena” pero, ha concedido que suele hacerlo “con más lentitud”.
Teniendo en cuenta de que la llegada de transferencias –a España le corresponden 70.000 millones de euros de estas ayudas a fondo perdido– se limita hasta 2023, ha asegurado que el “interés” del Gobierno es “movilizar cuanto antes” esta vía de recursos.
Sin embargo, ha dicho, ello “no obsta para movilizar desde ya, en la medida en la que sea preciso, créditos adicionales para lograr una absorción plena de estos fondos”. España tiene la posibilidad de optar a otros 70.000 millones de fondos vía créditos.
En todo caso, la vicepresidenta tercera ha incidido en el elevado endeudamiento que España está acometiendo para afrontar la crisis, con una emisión de 150.000 millones de euros “adicionales” entre 2020 y 2021, a los que se suman los 750.000 millones de euros que la propia Unión Europea emitirá para financiar los planes de recuperación.
Destacando todas las medidas de apoyo adaptadas, ha dicho que ni la suma con todas las medidas proyectadas ni las contempladas en el plan de recuperación “no son suficientes” para recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia ni alcanzar la senda de crecimiento potencial registrado entonces, por lo que ha incidido en la movilización de recursos para alcanzar esos niveles “cuanto antes”.
FASE FINAL DE NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
La vicepresidenta ha señalado que en estos momentos se encuentran en la “fase final de negociación” con la Comisión Europea del Plan de Recuperación, con los proyectos contemplados pero también con las reformas, así como la hoja de ruta con los hitos a cumplir para el desbloqueo de los fondos.
Y es que una vez que se apruebe el Plan de Recuperación –la previsión del Gobierno es que sea en junio– se desbloquearán automáticamente 10.000 millones, a la espera de un segundo pago en este 2021.
Calviño ha defendido el despliegue de invitaciones a manifestación de interés, un total de doce, y ha celebrado la acogida con más de 140 “contribuciones relevantes” recibidas, tanto por el sector público y privado, para la conectividad de alta velocidad y el despliegue del 5G, o 4.100 manifestaciones en proyectos contra la despoblación.
GRANDES PROYECTOS PERO TAMBIÉN FORMAS HABITUALES DE ADJUDICACIÓN
Respecto al alcance de los fondos y a la posibilidad de que sean las más grandes empresas las que concentren estos recursos, como han planteado en sus dudas los grupos de la oposición, Calviño ha destacado que los llamados Pertes (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) son los proyectos “especialmente emblemáticos, tractores” pero no los más habituales en los fondos.
Esta figura, para proyectos con especial riesgo y de carácter más tecnológico o innovación, ha explicado la vicepresidenta, se han ideado a inspiración de los proyectos de interés común europeos, y ha reconocido “mucha expectación” por ellos, pero también que “no son los únicos”: “Hay formas de ejecución que van a ser habituales, con licitaciones, consorcios y convenios”, ha recalcado.