MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha fijado entre sus prioridades para los próximos seis meses la implementación de los nuevos gravámenes de la banca, energéticas y grandes fortunas, que entran mañana en vigor, y el seguimiento de las medidas adoptadas para mitigar el impacto del alza de precios provocado por la invasión rusa de Ucrania.
Así, el departamento que lidera María Jesús Montero, al igual que el resto del Gobierno, monitorizará la evolución de los precios para comprobar si las medidas adoptadas siguen moderando la inflación o si sería necesario adoptar nuevas medidas en beneficio de la mayoría social del país.
En el Informe de rendición de cuentas publicado este miércoles por Hacienda, el Ministerio ha señalado que a lo largo de este 2022 ha tenido que centrar gran parte de su esfuerzo en adoptar e implementar medidas para combatir la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania y mitigar el impacto que el alza de precios ha provocado en familias, pymes y autónomos.
Aparte de esto, entre sus principales hitos durante este año destaca la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Se trata de las terceras cuentas públicas consecutivas que se aprueban en tiempo y forma por el Gobierno y serán las últimas de esta legislatura.
En las cuentas públicas de 2023 se incluye el mayor gasto social de la historia con 274.445 millones, con fondos europeos, y récord de financiación para las partidas destinadas a las becas, la dependencia, la sanidad o la lucha contra la violencia machista.
También incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC o un incremento de las políticas destinadas a la juventud con el bono alquiler joven o el bono cultural para quienes cumplan 18 años el próximo año.
MEDIDAS FISCALES
Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha desarrollado medidas fiscales que buscan un reparto justo de la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
Ahí se enmarcan los nuevos gravámenes temporales a las energéticas, la banca y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. La recaudación lograda con estas figuras fiscales permitirá financiar las medidas para mitigar la inflación.
Asimismo, se han aprobado rebajas fiscales selectivas para apoyar a las pymes, como la reducción del 25% al 23% del gravamen en el Impuesto de Sociedades para quienes facturen menos de un millón de euros. También se ha adoptado el incremento en la reducción en las retenciones del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, que equivale al salario mediano de España.
FUNCIÓN PÚBLICA Y EN POLÍTICAS DE EVALUACIÓN
Uno de los hitos “más relevantes” alcanzados en el segundo semestre del año por el departamento dirigido por María Jesús Montero ha sido el acuerdo “para una Administración del siglo XXI”. Entre otras cuestiones, incluye una revalorización salarial para los trabajadores y trabajadoras públicos de hasta el 9,8% en el periodo 2022-2024.
Este acuerdo también recupera otros derechos de los empleados públicos, como la reimplantación de la jornada de 35 horas para que cada Administración, en función de sus competencias, establezca esa jornada para el personal a su servicio y al de su sector público institucional.
A esto hay que sumar que, en la última parte del año, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Función Pública.
Por otra parte, en la segunda mitad del año el Parlamento aprobó la Ley de Evaluación de las Políticas Públicas. Además, en el ámbito de la transparencia y regeneración democrática, el Consejo de Ministros también aprobó en el segundo semestre de 2022 el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.