La secretaria de Estado de Función Pública defiende como “auténtico cambio cultural” en la gestión pública la nueva Ley de Evaluación
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, ha avanzado este martes en el Congreso que “probablemente” el Gobierno apruebe este mes de junio la regulación del teletrabajo en la Administración, una normativa que tenía pendiente desde el acuerdo alcanzado hace ya más de un año, en abril de 2021, con los sindicatos de la Función Pública.
Sánchez, que ha acudido al Congreso para dar cuenta en la Comisión de Hacienda del nuevo proyecto de ley de evaluación de las políticas públicas, ha asegurado que con la regulación el Gobierno busca “un modelo común a los 22 ministerios” pero “flexible a las circunstancias que en cada momento se producen”.
“Hemos hecho un avance puntual en el plan de ahorro y eficiencia energética, donde intencionadamente hablamos de trabajo a distancia”, ha dicho Sánchez, que ha defendido no hablar de “teletrabajo” por el “profundo respeto” que, ha dicho, profesa por este concepto, “que no es tal si no tienen todos y cada uno de los elementos que lo componen”.
En este sentido, ha asegurado que el teletrabajo en la Adminisstración deberá identificar objetivos y contemplar evaluación “para que esa modalidad de prestación de servicio no merme ningún acceso del servicio por parte de los ciudadanos”.
LA NUEVA LEY DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Sánchez ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Función Pública para dar cuenta del nuevo proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, una norma que ha defendido como “auténtico cambio cultural”
Así, Sánchez ha asegurado que la nueva ley pondrá “en el centro la rendición de cuentas a la ciudadanía” y permitirá conocer si una medida en concreto “consigue el logro que se planteó cuando fue diseñada y aprobada”.
La norma, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 24 de mayo como proyecto de ley y remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, tiene como objetivo generalizar la evaluación de la intervención pública, potenciar que estos elementos de evaluación estén presentes desde el inicio de una política e incorporar los resultados de la evaluación a gestión y adopción de nuevas políticas.
“TODAS LAS EVALUACIONES SERÁN PÚBLICAS”
La secretaria de Estado ha asegurado que la normativa permitirá a España posicionarse como uno de los países “más avanzados” en esta cuestión, y ha sostenido que, a partir de esta norma, los empleados públicos “deberán conocer la importancia de la evaluación y ejercerla de forma profesionalizada”.
Sánchez ha explicado ante la Comisión de Hacienda que la evaluación se aplicará “como actividad ordinaria y fundamental en la gestión de lo público” de toda la Administración General del Estado, y que se llevará a cabo con “una metodología seria”, con el refuerzo de los mecanismos internos de intercambio de datos e información y un sistema de información interconectados.
Finalmente, ha insistido en la importancia de incorporar los resultados de esta evaluación, y ha dicho que se facilitará el acceso a estas evaluaciones –“Todas y cada una serán públicas”–, con una vinculación de la misma a la toma de decisiones.
YA EXISTEN MECANISMOS DE EVALUACIÓN, RECUERDA LA OPOSICIÓN
Una afirmación “paradójica” para la portavoz ‘popular’ de Función Pública, Llanos de Luna, que ha acusado al Gobierno de “opacidad” tanto en su rendición de cuentas como en el acceso a la información pública.
También Mari Carmen Martínez, de Cs, ha reprochado al Gobierno que sortee mecanismos de evaluación existentes, tales como los dictámenes del Consejo del General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado, en la tramitación de normas como la nueva Ley de Vivienda, por lo que cree que todas estas medidas acabarán dependiendo de “la buena voluntad del legislador”.
Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, ha expresado sus dudas acerca de la evaluación externa a la Administración, mientras que ha ironizado con que los problemas que se han encontrado las personas encargadas hasta ahora de evaluar las políticas han sido la falta de recursos y de personal, justamente los requisitos que consideran básicos para contar con buenos servicios.
Por su parte, Juan Carlos Segura, de Vox, ha dicho que no ve necesaria esta ley, ha tildado de “chiringuitos” los organismos de coordinación que contempla, y ha encuadrado la norma en un intento del Gobierno en contar con un “Estado soviético” pero “con economía venezolana”.