El Gobierno ha logrado el respaldo tanto de sindicatos como de patronales a su legislación, tras meses de intensas negociaciones y unas últimas jornadas de discusión maratonianas.
La reforma busca reducir el trabajo temporal, crea los futuros ERTE para evitar despidos ante crisis y reequilibra el poder de trabajadores y empresarios en la negociación colectiva con cambios en la reforma del PP de 2012.
El Comité Ejecutivo de CEOE fue el primero en dar el sí a la reforma.
Después llegó el aval de UGT por unanimidad y, por último, la luz verde de CCOO, también unánime.
Las últimas diferencias, que perduraban en la mañana de este jueves, afectan a la subcontratación, uno de los temas más delicados para los empresarios. En las últimas jornadas, de hasta 13 horas de negociación diaria, se habían acercado las posturas en el resto de flecos pendientes.
Se pactó una importante limitación de la temporalidad con más sanciones para las empresas incumplidoras, pero no con la consecuencia de despido nulo para los trabajadores que estuvo sobre la mesa. También se terminaron de atar dos cuestiones clave para los sindicatos: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en relación a los salarios y la supresión del límite a la ultraactividad de los convenios colectivos.
En la principal clave, la de reducir la temporalidad, se acotan estos contratos a 90 días y se busca la prevalencia de la contratación fija discontinua. También se reduce el encadenamiento de los contratos para considerar a una persona fija de 24 a 18 meses. Solo se regulan solo dos modalidades de contratos temporales: para sustituciones de trabajadores y por circunstancias de la producción.
Además, se limita el contrato de formación a los 30 años.
El Gobierno tiene que redactar el Real Decreto que irá al Consejo de Ministros en teoría el martes que viene.