Reclama penas de hasta dos años de cárcel e indemnizar por el perjuicio causado: Más de 107 millones de euros
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado abrir juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos a los que señala como responsables de un delito relativo al mercado y contra los consumidores por llevar a cabo un “artificio” en 2013 que sirvió para aumentar el precio de la energía provocando un perjuicio de más de 107 millones de euros. Por ello, pide hasta dos años de cárcel para los cuatro directivos y una multa de más de 84 millones de euros para la compañía.
En un escrito de acusación remitido a la Audiencia Nacional, el fiscal Antonio Romeral se dirige contra la filial y contra Ángel Chiarri, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Según explica, “con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, (se) ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”.
Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, relata Romeral, “a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 (se) aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel porencima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones”.
Y ello, recalca el fiscal, “a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad”.
De esta forma, el Ministerio Público calcula que se ocasionó un perjuicio de 107.340.000 euros que soportaron tanto los consumidores como la veintena de compañías distribuidoras que constan como perjudicadas en la causa.
Así, pide que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107.340.000 euros, conjunta y solidariamente, a las comercializadoras “y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento de los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre de 2013, ambos inclusive”.